Tabernas

Piden siete años para los cuatro acusados de verter purines en Tabernas

Los desechos de una explotación de cerdos llegaron a la rambla durante siete años

Imagen de archivo de una granja de cerdos.
Imagen de archivo de una granja de cerdos. La Voz

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar tres años de prisión para cada uno de los cuatro responsables de dos empresas acusados de verter de manera indiscriminada durante al menos siete años los purines de unas explotaciones de cerdos en una rambla de Tabernas (Almería) provocando con ello un desequilibrio medioambiental en la zona.


En concreto, según la calificación provisional de la Fiscalía a la que ha tenido acceso Europa Press, los desechos de los animales se habrían arrojado en el paraje Cañada de Pedro Díaz "sin autorización administrativa de ningún tipo" desde una fecha indeterminada entre 2008 y 2009 hasta, al menos, entre los meses de agosto y septiembre de 2017.


El fiscal considera que los acusados, entre los que figura el administrador de una de las empresas, el responsable de la depuradora de purines, el director general de una granja y el encargado de la misma, actuaron "conjuntamente y de común acuerdo" a la hora de evacuar los purines sin un control previo.


En esta línea, el Ministerio Público les considera responsables de un delito contra el medio ambiente ya que con estos vertidos se ha perjudicado "gravemente el equilibrio del sistema natural de la rambla" al provocar un cambio "sustancial" en la calidad del suelo "pudiendo así mismo provoca un cambio sustancial en la calidad del agua".



Además de los tres años de cárcel, la Fiscalía también interesa el pago de una multa de 20 euros al día a razón de 12 meses para cada uno de los acusados y otra por la misma cuantía durante dos años para las dos empresas.


Del mismo modo, también fija como responsabilidad civil para los acusados la realización de obras de restauración encaminadas a "restablecer en la medida de lo posible el equilibrio ecológico" en los términos que señale la Junta de Andalucía.


En caso de no realizar estas obra, deberán indemnizar a la Administración andaluz en la cuantía en la que el juez determine el coste de la reposición ambiental de los terrenos y acuíferos afectados. El juicio tendrá lugar el 7 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería.

 

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