El Juzgado de Instrucción número Seis de Almería investiga la presunta adjudicación irregular de tres contratos para obras de emergencia en la depuradora de El Bobar (Almería) y en infraestructuras de la red de abastecimiento de los Pozos de Bernal (El Ejido).
El magistrado Manuel José Rey Bellot inició actuaciones tras la denuncia presentada por el grupo municipal socialista por presuntos delitos de prevaricación en la concesión de obras ejecutadas por la constructora Facto, según ha comunicado este lunes la portavoz socialista Adriana Valverde en rueda de prensa.
Las tres adjudicaciones suman más de cinco millones de euros y se aprobaron en Junta de Gobierno como una actuación de emergencia y, por tanto, sin las garantías de transparencia contempladas por la Ley de Contratos. "Se realizaron por el procedimiento de emergencia, es decir, sin concurso, sin publicidad y sin concurrencia, cuando tal emergencia no estuvo suficientemente justificada, lo que motivó nuestra denuncia", afirmó Adriana Valverde.
El PSOE presentó inicialmente una denuncia en 2021, ampliada posteriormente en 2022 con nuevos datos, frente a los miembros del equipo de Gobierno del PP que intervinieron en los procedimientos, esto es, el entonces alcalde Ramón Fernández-Pacheco, la actual alcaldesa María Vázquez y los ediles Manuel Guzmán y Juan José Alonso. Solo Vázquez repite en las listas de la próximas municipales.
El Juzgado de Instrucción número Seis de Almería ha llamado a declarar como testigo al secretario municipal para aclarar sobre las adjudicaciones de los tres contratos denunciados. El PSOE cree que las cantidades se otorgaron con informes negativos de los técnicos.
En las diligencias se habrían aportado imágenes satelitales para demostrar que los daños del depósito de Membrana, ubicado en Aguadulce y correspondiente a las infraestructuras de canalización del agua procedente de los Pozos de Bernal.
Imágenes y tiempos
Según esta documentación, los tiempos no corresponderían con las exigencias de una adjudicación de emergencia, que se realizó en febrero de 2015 con un importe de 1,1 millones de euros. La portavoz socialista ha explicado que “una tramitación de emergencia se ampara en acontecimientos de extrema gravedad sobrevenidos que requieren una actuación inminente y, por ello, en esos casos se dejan a un lado las exigencias administrativas para que se pueda actuar lo más rápidamente posible por parte de la administración”.
“Las tres actuaciones que tuvieron un presupuesto de más de 5 millones de euros y que se tramitaron por el procedimiento de emergencia cuando, según la información recopilada y puesta a disposición del juzgado, ninguna de esas obras cumplía los requisitos para ser declarada de emergencia y por tanto ser adjudicada a dedo”, añadió la candidata socialista a la alcaldía.
“Desde que la empresa comunicó las averías, anomalías o incidencias que había que resolver en los expedientes de los digestores A y B hasta que se declara la emergencia de las actuaciones pasan varios meses en los que se podría haber realizado el procedimiento por los cauces ordinarios que prevé la Ley de Contratos”, insistió Adriana Valverde.
La alcaldesa ha respondido brevemente a las acusaciones en un acto con periodistas la mañana del lunes. "Cuando nos notifiquen esta circunstancia los servicios jurídicos estarán funcionando. Estoy muy tranquila y entiendo que todos los expedientes del Ayuntamiento llevan sus informes pertinentes, económicos y jurídicos", ha valorado María Vázquez.
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