Tres siniestros laborales con idéntico patrón —precipitación desde la cubierta de naves industriales— se han encadenado en Almería en apenas cinco semanas. El 6 de febrero un operario de 33 años murió tras caer del techo de una nave en la calle Río Adra del Polígono La Juaida de Viator; el 6 de marzo, otro trabajador de 36 años falleció en circunstancias casi calcadas en la calle Sierra de las Estancias del mismo polígono, a menos de un kilómetro del primer siniestro; y ayer lunes, un hombre de 50 años resultó herido de gravedad al precipitarse cinco metros en el Polígono La Cepa de Huércal de Almería.

Los sindicatos, en la concentración que se ha convocado en Javier Sanz, han denunciado que la muerte de dos trabajadores por el mismo tipo de siniestro e igual polígono industrial en un periodo tan corto de tiempo apunta a un fallo sistémico en la supervisión y el cumplimiento de las medidas de protección colectiva e individual en trabajos en altura.

La normativa de referencia, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, tiene tres décadas de vigencia y presenta lagunas reconocidas por el propio Gobierno, que ha declarado 2026 Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 11 de febrero, el Ministerio de Trabajo firmó con las centrales sindicales un acuerdo para elaborar un anteproyecto de modificación que incorpora, entre otras novedades, la figura del agente territorial de prevención —pensada para empresas sin representación sindical—, la regulación específica de riesgos psicosociales y digitales, y un refuerzo de los servicios de prevención propios. Sin embargo, el texto aún debe superar el Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria con enmiendas y votación, un recorrido que, sin voluntad política decidida, puede prolongarse durante meses.

Precisamente esa figura del delegado territorial de prevención es una de las reivindicaciones centrales que CCOO y UGT vienen formulando desde hace años en la provincia. También han recordado que, las estadísticas demuestran que donde existe un delegado de prevención se reducen drásticamente los accidentes, y ha reclamado un mapa de siniestralidad provincial desglosado por sectores y zonas que sustituya al actual, que califica de excesivamente genérico.

La otra vertiente de la demanda apunta directamente al régimen sancionador. Según trasladan ambas organizaciones sindicales, es necesario endurecer las consecuencias económicas y penales por el incumplimiento de la normativa en materia de prevención, sin que, hasta la fecha, las administraciones hayan dado una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.

El mensaje conjunto ha concluido con un llamamiento a las administraciones —Junta de Andalucía, Gobierno central e Inspección de Trabajo— para que refuercen los recursos de vigilancia y control, así como a la patronal para que asuma la prevención como inversión y no como coste. La advertencia es clara: tres accidentes del mismo tipo en un mismo trimestre evidencian que las medidas actuales son insuficientes y que la inacción tiene un coste en vidas humanas que resulta intolerable.