“La renta mínima vital es un avance histórico contra la exclusión social”

La diputada del PSOE Sonia Ferrer afirma que esta renta contribuirá a que nadie se quede atrás

Sonia Ferrer, diputada del PSOE de Almería en el Congreso.
Sonia Ferrer, diputada del PSOE de Almería en el Congreso. La Voz

Los almerienses, al igual que el resto de españoles, podrán empezar a percibir desde primeros de julio el ‘ingreso mínimo vital’, una renta para las familias más vulnerables que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, antes de lo esperado, puesto que se ha adelantado debido a la pandemia del Covid-19 y a sus efectos en la sociedad.


Sonia Ferrer, diputada en el Congreso por el PSOE de Almería, considera que esta renta mínima es “un avance histórico contra la pobreza, y en concreto contra la infantil, y la exclusión social, una medida muy ambiciosa que proporcionará a miles de familias unos ingresos mínimos para poder vivir”.


La diputada se muestra especialmente orgullosa de que haya sido este Gobierno formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos quien haya conseguido implantar esta medida “de justicia social”, incluida en su programa, teniendo en cuenta “que España es uno de los países con mayor tasa de pobreza de la Unión Europea, y de los que menos invierten para luchar contra ella”. 


Y es que, añade, el ingreso mínimo vital está destinado sobre todo a quienes se encuentran en situación de pobreza severa. “Una de cada cinco personas en España está en el umbral de la pobreza, y una de cada cuatro en riesgo de exclusión”, dice. Por ello, esta medida no será provisional, sino que “viene para quedarse frente a la exclusión estructural”. 



“Que nadie se quede atrás” “En esta pandemia, que está ofreciendo imágenes tan tristes como las colas de personas y familias para recibir alimentos, queremos que nadie se quede atrás, como ha sucedido en crisis anteriores, que afectaron sobre todo a los grupos sociales con menos ingresos”, expone.


Se calcula que del ingreso mínimo vital podrán beneficiarse  850.000 familias en toda España y alrededor 30.000 en Almería, aunque la adjudicación de esta renta dependerá de la presentación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos establecidos. 


Para acceder a ella se deberá tener residencia legal en España -de más de un año si se trata de extranjeros-,  entre 23 y 65 años, una renta anual -referida al año anterior- inferior a 230 euros mensuales por persona, y también se exigirá que los demandantes se encuentren en situación activa de búsqueda de empleo.


Las ayudas, expone Ferrer, irán desde los 462 euros mensuales en el supuesto inferior -para adultos sin hijos- hasta los 1.015, en este caso familias con más de dos hijos a cargo. Esta renta será compatible con otros ingresos, incluidos salarios para incentivar la búsqueda de empleo, y con otras ayudas de las comunidades autónomas, y podrán solicitarse también por quienes han quedado en situación de pobreza como consecuencia de la crisis del coronavirus, aunque en el año anterior hubieran superado los requisitos económicos mencionados, según Ferrer. El Gobierno contempla también que las víctimas de violencia machista forzadas a abandonar su domicilio puedan acceder al ingreso mínimo vital.


La diputada socialista confía en que gracias a esta renta, el Estado podrá llegar a cerca del 80% de la población más vulnerable en España. 



Se podrá solicitar a partir del 1 de junio La Seguridad Social gestionará el ingreso mínimo vital a través de las comunidades autónomas. “Se va a poder solicitar a partir del 1 de junio, y podrá empezar a cobrarse a partir del 30 del mismo mes con efectos retroactivos”, explica Sonia Ferrer, aunque habrá un plazo de respuesta legal de tres meses.


Para solicitarla, en el caso de Andalucía, las familias deben dirigirse a las oficinas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, donde les podrán ofrecer toda la información necesaria y donde se podrán cumplimentar las solicitudes y aportar toda la documentación necesaria. “Queremos que los trámites sean lo más ágiles y simples posibles, para evitar que la burocracia retrase el cobro”, expone Ferrer. Según sus datos, esta ayuda costará al Estado alrededor de 3.000 millones de euros.



 

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