La ciudadanía proclama tolerancia cero frente a la corrupción de los cargos públicos, pero se siente frustrada por la insuficiencia de medidas políticas en aquellos casos en los que no existen responsabilidades judiciales. Es una de las conclusiones extraídas de la extensa Memoria Anual 2012 de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada esta semana en la apertura del Año Judicial.

El informe destaca algunas apreciaciones de la Fiscalía de Almería sobre los procesos abiertos contra funcionarios o cargos públicos. “En algunas memorias como las de Almería, Barcelona, Cáceres y Murcia se indica que la situación económica y política actual ha determinado un incremento evidente en la concienciación ciudadana acerca del problema de la corrupción y la repulsa ante la misma”, señala el informe.

En este sentido, la Fiscalía de Almería subraya, por ejemplo, “el elevado número de procedimientos penales tramitados contra autoridades municipales por delitos relacionados con la ordenación del territorio”. Según los fiscales, los ciudadanos acuden con mayor frecuencia ante las autoridades judiciales para castigar las conductas de los servidores públicos. Se ha producido “un incremento de las denuncias por esta clase de hechos”, aseguran. Sin embargo, el resultado no siempre es satisfactorio.

Política y justicia Según la FGE, se produce “una identificación ciudadana casi automática entre conductas reprochables política o administrativamente y la infracción penal”. Es decir, existen procesos contra servidores públicos que no son constitutivos de ningún delito, que no acaban en condena, pero que sí deberían derivar en responsabilidades políticas.

Para los fiscales, muchos casos “carecen de trascendencia penal”, pero la carencia de los dirigentes en la asunción de “medidas políticas correctoras” ha generado “una gran frustración ciudadana” en los últimos años. Según este argumento, “ha calado, indebidamente, la idea de vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal”.

En la provincia de Almería existen procedimientos muy llamativos contra cargos públicos como el Caso Poniente, el Caso Facturas o la Operación Costurero. No obstante,  matiza la Fiscalía Provincial, la disminución de la actividad urbanística también ha producido una caída del número de diligencias por delitos contra la ordenación del territorio. En el ejercicio 2012, los fiscales de la provincia incoaron diez procedimientos en este ámbito, muy lejos de las cifras “del boom  que se produjo en el sector inmobiliario en España, con una profusión desconocida de la construcción de viviendas”, recoge la FGE, “un campo abonado de primer orden para albergar actuaciones irregulares”.