La vista oral de la macrocausa ‘Costurero’ contra una presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Zurgena  entra esta semana en su recta final tras más de un mes y medio desde su arranque y celebra a partir de este lunes las dos sesiones previstas para que las partes personadas presenten sus conclusiones.

La operación de la que deriva la causa explotó en abril de 2007 con la intervención por parte de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Zurgena y la detención de varias personas, entre ellas quien entonces era el alcalde en activo, Cándido Trabalón, y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras,. Encausados figuran integrantes de las corporaciones locales de Zurgena entre los años 2003 y 2011, funcionarios públicos, empresarios promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura por presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

180 años de cárcel
Trabalón se enfrenta a 180 años de cárcel y 1.050 de inhabilitación mientras que, para Tijeras, el Ministerio Público tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión.

Para hoy está previsto que presente sus conclusiones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el fiscal y el abogado del principal acusado mientras que para el miércoles se ha fijado la continuación.

En la primera sesión de la vista oral, celebrada el 21 de marzo, la exsecretaria municipal, a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo como presuntamente idearon el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo, mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal y reconoció los hechos que se le imputaban. Tres fases distingue en la trama tejida por los dos principales procesados. En una primera que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, “decidió no solicitarlos” y “prescindir” de ellos al tramitar los expedientes “prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal” de 40 licencias en distintas pedanías.

En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, aprobar las licencias en pleno. Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama. La tercera etapa se habría iniciado en febrero de 2006 cuando empezaron a usar la vía del silencio administrativo.