Llueve sobre mojado en el Hospital de Poniente, donde se agrupan ahora cuatro centros sanitarios, los de El Ejido y El Toyo en Almería y los de Guadix y Loja en Granada. Los reparos que hace unos años puso el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, al convenio colectivo llegaron precedidos de un informe de gestión con peros por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Si Gómez, como recordó la semana pasada ante la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, puso el dedo en la llaga porque se aplicó un convenio colectivo al personal con subidas salariales por encima de lo legalmente establecido, con el perjuicio para las arcas de la Junta; la Cámara de Cuentas puso en duda la gestión por las deudas que acumulaba este ente público hospitalario.

El informe de la Cámara analizaba en concreto el ejercicio económico de 2005, que se cerró con fondos propios negativos por valor de 5,46 millones de euros y deudas a corto plazo de 20,43 millones de euros.

En una nota, la Cámara de Cuentas indicó que la plantilla media durante el 2005 fue de 960 empleados, de los cuales el 54,6 por ciento eran puestos fijos. El Plan de Actuación de 2006 incluyó la fiscalización de regularidad de la Empresa Pública Hospital Poniente de Almería correspondiente al ejercicio 2005, en la que era la primera ocasión en la que se sometía a una actuación especifica por este Órgano de Control.

Uno de los objetivos del informe consistió en detallar las conclusiones y recomendaciones que resultaran de la evaluación de los procedimientos y medidas de control interno establecidos y aplicados que permiten la salvaguarda de los activos.

En este sentido, se detectaron “ciertas debilidades” en cuanto al control de los bienes que constituyen el inmovilizado material, a la formalización de las pólizas que aseguran los distintos inmovilizados en poder de la empresa, al control y seguimiento de las facturas pendientes de cobro así como a la comprobación del contenido de las facturas de gastos e ingresos.

El informe manifiesta que el control del inmovilizado material fue realizado mediante la contratación de una empresa externa que mantenía parte de su personal permanentemente en las dependencias sanitarias.

El segundo de los objetivos trató de analizar el cumplimiento de la legalidad aplicable en el desarrollo de la gestión realizada por la entidad. En este sentido se observó que de la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) no figura como justificada la declaración de urgencia de dos expedientes, uno de ellos tramitado como obra complementaria, cuando el expediente de la obra principal no se había promovido ni tramitado por la empresa, y otro tramitado como un contrato de obra negociado sin publicidad, dice el informe.

Así, también recogía que la dotación prevista de facultativos especialistas en radiodiagnóstico contó con un déficit de siete personas, lo que obligó a concentrar en sólo una persona funciones y actividades como la jornada diaria, guardia, turno de mañana y turno de tarde, entre otras, reservadas a más de un facultativo, con el consiguiente incremento de horas de dedicación, el posible detrimento de la calidad del servicio y el riesgo de acierto en los informes y en los diagnósticos de resultados de los estudios.

También se hallaron ciertas deficiencias relativas a la utilización de un concepto de ‘módulo de actividad’ no aprobado y sin que estuviera definido, ni determinado su contenido, su unidad de medición, cuantía y limitación, la implicación de personal ‘técnicos especialistas’ cuando debió ser ‘facultativo especialista’, y la falta de un informe, acta o resolución que explicara o justificara una compensación económica de 3.365,67 euros mensuales abonadas, en concepto de ‘Complemento de actividad’  al director del Área Integrada de Gestión (DAIG) de radiodiagnóstico.

El Hospital de Poniente nació en 1997 y desde hace un par de años pasó de ser una empresa pública a una agencia pública empresarial.