En una habitación de Torrecárdenas, un adolescente ayuda a un anciano a levantarse de la cama. Sostiene el andador mientras el paciente se equilibra sobre el aparato y luego le acompaña en el recorrido lento por el pasillo de la planta hospitalaria. No comparten lazos de sangre y sólo unos minutos antes ni siquiera se conocían. Uno, el enfermo, carece de parientes cercanos; otro, el menor, cumple una medida judicial.

Ambos pertenecen a un programa vanguardista en materia de reforma juvenil que la Junta de Andalucía desarrolló en 2008 y constituye hoy uno de los ejemplos más llamativos de las llamadas prestaciones en beneficio de la comunidad (PBC), medidas de reinserción para menores infractores. Se trata de concienciar a los jóvenes sobre el daño de sus acciones.

La fórmula gana terreno frente a propuestas de intervención más restrictivas, como el internamiento, y tiene una incidencia fundamental en la provincia de Almería donde uno de cada cuatro menores con una medida de ‘medio abierto’ pasa por las PBC.

Según datos de la Consejería de Justicia e Interior, entre enero de 2011 y junio de 2012, más de 170 menores de edad ‘purgaron’ sus infracciones gracias a las PBC impuestas por los jueces y fiscales y gestionadas por la Delegación de Justicia. “El objetivo principal de las medidas comunitarias es que el menor sea consciente de los daños ocasionados por su conducta, pueda reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y con su consentimiento participe activamente en la reparación de los mismos”, explican fuentes de la Consejería.

Las opciones

La Junta de Andalucía mantiene acuerdos con prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia (no la capital) y con un buen número de ONGs, de manera que el abanico de opciones de las PBC es amplísimo. Los menores infractores desarrollan tareas de limpieza de parques y jardines, atención a personas mayores o con discapacidad, limpieza de grafitis, actividades relacionadas con la restauración, la albañilería, la pintura o la electricidad, entre otras. Según los expertos, los resultados son “muy buenos” en la “resocialización” de los menores. De hecho, la Junta de Andalucía asegura que las PBC, combinadas con otros recursos como la libertad vigilada o los grupos de convivencia, “han supuesto que más del 80 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años sometidos a algún tipo de medida no vuelva a cometer infracción alguna”.

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