En las aulas de Almería ya no solo se enseña: también se resiste. Resiste el profesorado, que cada día afronta una pérdida progresiva de autoridad, un aumento de los conflictos y una carga burocrática que desborda el tiempo destinado a educar. Una realidad que se vive en silencio, entre interrupciones constantes, faltas de respeto y una creciente sensación de desgaste profesional.

Esta situación se refleja en un estudio elaborado por el sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de un “deterioro muy preocupante” de la convivencia escolar en la provincia y reclama medidas urgentes para blindar la autoridad docente. El informe fue presentado este lunes en una rueda de prensa sobre el balance de la educación pública andaluza. Por eso, LA VOZ ha consultado a varios profesores de la provincia, cuyos testimonios coinciden en describir un deterioro del clima escolar, una mayor conflictividad en las aulas y una sensación generalizada de desprotección profesional.

Radiografía de la convivencia

Los datos confirman que no se trata de percepciones aisladas, sino de una realidad ampliamente compartida en los centros educativos. El estudio elaborado por el sector de Educación de CSIF dibuja un escenario preocupante: el 91 % de los docentes almerienses considera que su autoridad ha empeorado en los últimos años y dos de cada tres describen la convivencia en su centro como conflictiva o con episodios frecuentes de tensión.

A esta situación se suma una profunda sensación de desamparo. Siete de cada diez profesores aseguran no sentirse respaldados por la Administración, mientras que el 86 % percibe un escaso reconocimiento social de su labor, un factor que contribuye al desgaste emocional y profesional del colectivo. El informe también pone el foco en los problemas estructurales del sistema educativo. La burocracia excesiva —informes constantes, registros continuos, memorias— se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar: el 79 % del profesorado la señala como un obstáculo en su día a día y el 96 % considera que la carga administrativa es alta o desproporcionada. A ello se añaden las ratios elevadas en las aulas, denunciadas por el 69 % de los docentes, que dificultan la atención individualizada y agravan los problemas de convivencia.

Este escenario convive con el marco normativo vigente en Andalucía, que reconoce al profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. El decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado establece la presunción de veracidad del testimonio docente, garantiza asistencia jurídica y psicológica gratuita en casos de amenazas, coacciones o agresiones y contempla la creación de una Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia. Estas medidas se aplican en un contexto en el que una parte mayoritaria del profesorado manifiesta, según los datos del estudio, no sentirse respaldada en el desempeño de su labor. La normativa extiende además su ámbito de aplicación a actividades complementarias, extraescolares y situaciones de ciberacoso, con el objetivo de proteger al docente en cualquier entorno relacionado con su actividad profesional.

Aceptar las normas

En este contexto, esa pérdida de autoridad docente no es una estadística abstracta, sino una realidad que se percibe en el día a día. Cecilia García, profesora en un centro educativo de la provincia, reconoce que el cambio es evidente y sostenido en el tiempo. La docente explica que “cada vez resulta más difícil que el alumnado asuma las normas y las indicaciones del profesorado”, hasta el punto de sentir que su papel es cuestionado de forma constante. “Se nota bastante que la autoridad del profesorado ha ido a menos”, resume.

Aunque aclara que la convivencia no es negativa de manera permanente, sí admite que los conflictos aparecen con frecuencia. Interrupciones continuas, faltas de respeto puntuales y una menor implicación en el trabajo diario forman parte de una dinámica que, en asignaturas de carácter práctico, se hace especialmente visible si el grupo no está centrado. “En Plástica, donde el trabajo es más práctico, esto se nota mucho”, apunta.

A este escenario se añade, según García, una clara falta de respaldo institucional. La profesora asegura que cuando surgen problemas de convivencia los procedimientos son lentos y complejos y que, en última instancia, la carga recae casi por completo sobre el profesorado. “Eso genera bastante desgaste”, señala. Además, vincula el aumento de los conflictos a factores estructurales del sistema educativo. Las ratios elevadas dificultan la atención individualizada y la prevención de problemas en el aula, mientras que la burocracia excesiva resta tiempo y energía a la labor docente. En su opinión, ese tiempo debería destinarse a preparar mejor las clases y a trabajar de forma más directa con el alumnado.

Años de experiencia

Para Francisco Morales, docente con años de experiencia en distintos centros fuera y dentro de Almería, la pérdida de autoridad del profesorado no se explica solo dentro del aula, sino que responde a un cambio más profundo en la percepción social de la figura del docente. A su juicio, en apenas dos décadas se ha pasado de un reconocimiento explícito a una despersonalización que, aunque pueda parecer menor, revela un problema de fondo. “Hemos pasado de ser llamados por nuestro nombre o apellido a ser simplemente ‘el de’”, lamenta.

Morales considera que esta pérdida de respeto se traduce en una mayor normalización de las faltas de consideración hacia el profesorado, hasta el punto de que situaciones antes excepcionales comienzan a formar parte del día a día. Faltas de respeto, amenazas o comportamientos denigrantes se repiten cada vez con más frecuencia y, en muchos casos, sin un respaldo claro por parte de las instancias superiores.

En su caso, explica que la convivencia en su centro actual es mayoritariamente positiva, una circunstancia que vincula directamente al tamaño del instituto y a las bajas ratios. Se trata de un centro pequeño, ubicado en un entorno rural, donde la conflictividad es menor. Para Morales, esta experiencia confirma que la reducción del número de alumnos por aula es una de las claves para mejorar la convivencia. “Una bajada de ratios puede contribuir de manera decisiva a reducir los conflictos”, afirma.

El docente también recuerda episodios vividos en centros anteriores, donde sí tuvo que enfrentarse a situaciones conflictivas sin apenas apoyo institucional. Relata experiencias “desagradables” en las que se sintió cuestionado y desprotegido, incluso cuando las faltas de respeto procedían de las familias. Esa ausencia de respaldo, reconoce, deja huella y obliga al profesorado a replantearse su papel. “Al final, uno acaba preguntándose cómo puede mejorar su enseñanza, aunque muchas veces el problema no esté en el aula, sino fuera de ella”.

Número de alumnos

Si en el centro de Morales las bajas ratios contribuyen a una convivencia más tranquila, en otros institutos de la provincia la realidad es muy distinta. José Francisco Rodríguez trabaja en un centro con una elevada concentración de alumnado y perfiles muy diversos, un contexto que, aunque no se traduce habitualmente en conflictos graves, sí genera una tensión constante en el día a día del aula. La elevada ratio y la falta de recursos específicos para atender a estudiantes que se incorporan sin dominio del idioma o con necesidades educativas especiales complican seriamente la gestión de la convivencia. “No es lo mismo tener 15 alumnos que 30; la convivencia se hace dificilísima”, resume.

A esta dificultad se suma, según José Luis Mendoza, un cambio profundo en la forma en que se percibe la figura del docente. El profesor considera que la autoridad ya no se da por sentada y debe construirse cada día en un contexto marcado por la influencia de las redes sociales, la inmediatez y, en muchos casos, la falta de límites fuera del centro educativo. “Ahora la autoridad hay que trabajarla constantemente”, explica.

Ambos docentes coinciden en señalar la falta de respaldo efectivo por parte de la Administración cuando surgen problemas de convivencia. Aunque existen protocolos y procedimientos, en la práctica el profesorado suele ser el primer y, en muchas ocasiones, el único recurso inmediato. A ello se añade una carga burocrática creciente, que resta tiempo a la atención directa al alumnado y acaba influyendo también en la gestión de los conflictos. Reducir ratios, reforzar los apoyos y simplificar los trámites administrativos aparecen, así, como demandas comunes para mejorar la convivencia en los centros.

Enseñar, cada vez más difícil

Los testimonios recogidos coinciden en una idea común: la enseñanza se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. El aumento de la conflictividad, la pérdida progresiva de autoridad y la sobrecarga de trabajo han transformado el día a día en las aulas, obligando al profesorado a asumir roles que van mucho más allá de la docencia. A la labor educativa se suman la gestión emocional, la mediación constante y una atención individualizada que resulta difícil de sostener en grupos numerosos.

Cuando la convivencia se deteriora y la autoridad del profesorado se debilita, el impacto va más allá de quienes están al frente del aula y acaba afectando al clima educativo y a la calidad de la enseñanza. Pese a todo, los profesores continúan sosteniendo el sistema desde la vocación y el compromiso. Entre informes, tensiones y dificultades diarias, siguen entrando en clase con el mismo objetivo: enseñar, acompañar y educar al alumnado. Una implicación que permanece intacta, incluso cuando el contexto hace que hacerlo sea cada vez más difícil.