Carburante que parecía barato, pero que salía muy caro. Varias gasolineras 'low cost' de la provincia de Almería, donde han sido detenidas dos personas vinculadas a la trama, recibían gasóleo adulterado procedente de una organización criminal internacional. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria tiraron del hilo y, aunque al principio parecía un simple chollo en el surtidor, pronto se descubrió que ocultaba un fraude millonario con ramificaciones en toda Europa.

La operación, bautizada como 'Tenk', ha terminado con 18 detenidos y 14 investigados. Entre ellos figuran conductores, empresarios pantalla y cabecillas de un entramado que introducía combustible desde Letonia, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Lituania. Además, los investigadores señalan que el truco estaba en declarar los cargamentos como “aceites y lubricantes”, lo que les permitía esquivar tanto los impuestos de hidrocarburos como el IVA y el impuesto de sociedades.

El combustible, lejos de ser un producto legal, era lo que los agentes denominan designer fuel: gasóleo mezclado con compuestos que alteraban sus propiedades. En concreto, se detectó la presencia de triacetina, un aditivo que no cumple con las especificaciones técnicas y que, por tanto, podía provocar graves averías en los motores de los coches.

La investigación arrancó en 2023, cuando vecinos de La Hoya del Campo, en Murcia, denunciaron el constante trasiego de camiones cisterna. Gracias a esas quejas, la Guardia Civil destapó el primer gasocentro ilegal. A partir de ahí, la investigación fue creciendo: se localizaron otros dos puntos de almacenamiento clandestino en Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia). 

Las pesquisas policiales recorrieron todo el medio y bajo Levante de la Península Ibérica, llegando incluso a encontrar presencia de este carburante adulterado en gasolineras low cost de la provincia. En total, se incautaron más de 70.000 litros de gasóleo adulterado, junto con maquinaria industrial y depósitos de gran capacidad.

El negocio era redondo para los delincuentes porque el carburante adulterado se vendía barato, sin impuestos y con beneficios rápidos. Sin embargo, el perjuicio lo sufrían todos los demás: la Hacienda pública dejaba de ingresar millones, las empresas legales se veían perjudicadas por competencia desleal, el medio ambiente estaba expuesto a emisiones contaminantes y, sobre todo, los consumidores acababan pagando las consecuencias en forma de averías mecánicas.

El destino final del gasoleo adulterado

La investigación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar a los distintos miembros del entramado delictivo y las mercantiles “fantasma” con las que operaban.

Algunos de los supuestos empresarios serían “testaferros”: personas en situación económica precaria que cobraban por ceder sus datos para la creación de empresas y cuentas bancarias. Entre estos falsos empresarios destaca la presencia de ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.

También se averiguó que el destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio tipo “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. Por último, las siguientes averiguaciones llevaron a encontrar otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla y Silla (Valencia).

Un camionero con 26 delitos

En el centro de la trama aparecen hasta 40 empresas fantasma. Muchas estaban registradas en provincias como Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona. Pero además, buena parte de estas sociedades estaban a nombre de testaferros: personas en situación económica precaria, incluso ciudadanos extranjeros, que cedían sus datos a cambio de pequeñas cantidades de dinero.

Las imputaciones son variadas, pero una de las más llamativas recae sobre un camionero acusado de 26 delitos contra la seguridad vial. Conducía vehículos cargados con mercancías peligrosas sin disponer del permiso en vigor, lo que convertía cada trayecto en una auténtica bomba de relojería sobre ruedas.

Daños económicos y para tu motor

El fraude en los carburantes alcanzó los 1.211 millones de euros en 2023, un 59% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda. Solo en impagos de IVA por hidrocarburos, las compañías deben cerca de 630 millones de euros, y al fraude se suma el incumplimiento en biocarburantes, que deja un agujero adicional de 581 millones. Una cifra escandalosa que refleja cómo el combustible barato puede salir muy caro, no solo para las arcas públicas, sino también para los motores de los vehículo

Los motores que consumen gasóleo adulterado suelen dar señales claras de alarma. El humo se vuelve más denso y abundante, la potencia del motor disminuye, y el sonido del propulsor cambia de forma notable. Además, el consumo de combustible aumenta y se percibe que el motor va más forzado, como si trabajara al límite. Son avisos que no conviene ignorar: detrás de ellos pueden esconderse averías graves en inyectores, bombas de alta presión o la válvula EGR.

Peor aún, si el carburante está mezclado con agua, puede dañar por completo el sistema de inyección. La única defensa real es repostar en sitios de confianza y mantener el mantenimiento al día. En vehículos agrícolas, de empresa o incluso para depósitos domésticos, conviene contar con proveedores serios que hagan controles de calidad y mantenimiento. Y un consejo práctico: evita repostar cuando los surtidores están casi vacíos o mientras están llenando los depósitos, porque los posos o residuos que se agitan pueden generar averías graves.