La investigación judicial abierta por la contratación de varios empleados municipales del Ayuntamiento tras la denuncia de “enchufismo” por parte del PP de Albox ante la Fiscalía puede afectar a alrededor de una treintena de trabajadores. 
Pese a que en la información aportada sólo se hacía referencia a once nombres de trabajadores contratados durante los últimos años, la realidad es que las irregularidades podrían remontarse a contrataciones de la época del alcalde popular Francisco Granero, que dejó la Alcaldía en 2007. 
Así se desprende de las palabras del alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, al afirmar que el portavoz popular de Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, “no ha medido el alcance” de la denuncia, ya que “si el juez lo estima, no solo puede percutir en el futuro de once familias sino en el de un total de 30 familias que están en la misma situación”.

Explicaciones
El pasado lunes, el regidor albojense mantuvo una reunión con prácticamente la totalidad de la plantilla de trabajadores. En este encuentro el regidor aportó información relevante para los empleados y estos transmitieron sus principales dudas y cuestiones, que se centraron sobre todo en el proceso judicial sobre las contrataciones.

Pese a que el juez podría obligar al despido de los trabajadores municipales si finalmente considera que las contrataciones se realizaron al margen de los procedimientos legales, Torrecillas lamenta que esta situación no se haya evitado “con diálogo y sensatez”. “Situaciones irregulares pueden regularizarse. Si hay situaciones irregulares por contrataciones del señor Granero, el señor García y el señor Mena (dijo en referencia a los últimos tres alcaldes), con diálogo y sensatez se pueden reconvertir en regulares, porque estamos hablando de familias cuyos ingresos dependen de ese puesto de trabajo”, asevera.

De confirmar el juez la denuncia, el Ayuntamiento debería afrontar además un golpe económico sin precedentes. El Consistorio debería despedir e indemnizar a cada empleado con “entre 30.000 euros y 45.000 euros a cada uno”, calcula Torrecillas.

“Conflicto social”
Sin embargo, la económica no es la cuestión que más preocupa al primer edil del municipio sino “la situación de estas familias y la situación institucional del Ayuntamiento”, que quedaría desarbolado.

“Los políticos debemos saber qué alcance va a tener cada decisión, porque no todo vale. Uno puede ir a por la cabeza del político pero que no perjudique a terceros como aquí”, considera el alcalde, que prevé que esta situación puede llevar a “un conflicto social fuerte” por el número de familias que se verían afectadas y la antigüedad de algunos trabajadores.

“Son empleados que hacen falta en este Ayuntamiento y que llevan trabajando con nosotros en algunos casos 16 años. Estamos hablando de familias y hogares y de un quebranto económico para el Ayuntamiento muy importante”. Por el momento ya han pasado por el juzgado para declarar trabajadores municipales y funcionarios del Consistorio albojense.