El Ayuntamiento de Vera anunció ayer que impugnará los nuevos estatutos que la Diputación de Almería tiene pensado implantar en Galasa, la sociedad pública que gestiona el agua en Vera y en otros muchos municipios del Levante y el Almanzora. El reglamento de esta sociedad será previsiblemente modificado el lunes gracias a los apoyos de la Diputación, que tiene el 51% de las acciones de Galasa y que con los cambios que promueve, pasaría a controlar el precio del agua, algo que de momento está en manos de los ayuntamientos.

El rechazo a la modificación de estatutos en Galasa no es un asunto exclusivo de Vera, pues los ayuntamientos del Almanzora y del Levante gobernados por el Partido Socialista anunciaron recientemente su oposición. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vera dio ayer un paso más allá al acordar “el ejercicio del derecho de separación de la sociedad”. Es decir, que podría abandonar Galasa si la Diputación pasa a controlar las tarifas del agua tras la modificación estatutaria.

La asamblea clave
El próximo lunes 18 de mayo se celebrará la Asamblea General de Galasa en la que podrían aprobarse los cambios propuestos por la Diputación de Almería, que de momento prefiere mantener silencio y no dar detalles de su postura final ante las preguntas de los medios de comunicación. La modificación que más inquieta a los ayuntamientos es la del artículo 6: el que dice que los municipios aceptarían “las tarifas a aplicar por los servicios que la sociedad presta, tal y como sean aprobadas por la Junta General de la Sociedad y el Pleno de la Diputación Provincial de Almería”.
La próxima modificación de estatutos en Galasa, y el papel que pasarán a tener en su seno las diferentes adminitraciones que componen esta sociedad, se ha convertido en un asunto político de primera magnitud en el Levante almeriense. Los ayuntamientos sospechan que el control de las tarifas del agua pasará a estar en manos de la Diputación, y no están por la labor de que eso suceda.

Pero se da el hecho de que Galasa mantiene una deuda millonaria y que son los ayuntamientos que la integran (y que tienen acciones de la sociedad) los que deberían, en buena parte, subsanarla. La Diputación quiere que la socedad que gestiona el agua sea viable económicamente, y bajo esta premisa se articulan los cambios proyectados. En el otro lado están los alcaldes de los ayuntamientos a los que Galasa presta servicio, principalmente los socialistas, que saben que la Diputación de Almería es accionista mayoritaria (51%) y como tal puede sacar unilateralmente adelante la modificación estatutaria. Los alcaldes del PSOE han optado por unirse: votarán no a los estatutos y no descartan acudir a los tribunales de justicia.