Los pequeños comerciantes almerienses -13.000 en toda la provincia que generan 40.000 empleos- se han puesto en pie de guerra contra la libertad de horaria decretada por el Gobierno Central el pasado julio. Anunciaron ayer una campaña al alimón con la Junta de Andalucía, empresarios, sindicatos y consumidores en defensa del modelo comercial “que genera más empleo estable y que presta más servicio al cliente”.
Según el representante de la Federación de Comercio de Asempal, Luis Escámez, este aumento de los horarios de apertura y de los domingos y festivos ha provocado, en su mayor parte, que se hayan perdido 900 licencias comerciales el último año en la provincia.
El colectivo, comandado por la delegada provincial de Fomento, Turismo y Comercio, Encarnación Caparrós, expresó ayer en la presentación de la campaña que”el decreto ultraliberalizador  vulnera la competencia”. Informó de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno andaluz. La campaña reivindica un sistema comercial accesible y cercano, empleo estable en el sector, el mantenimiento del equilibrio entre los distintos formatos y operadores y horarios consensuados que permitan conciliar la vida familiar y laboral.
La campaña incluye la distribución de más de 1.500 carteles y su difusión a través de Internet y redes sociales.
Caparrós ha asegurado que hasta ahora, la normativa autonómica establecía un modelo en materia de horarios que garantizaba el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores y la convivencia de la pluralidad de formatos existentes.
Domingos y festivos
La delegada ha explicado que la regulación autonómica recogía un régimen de libre apertura para los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados, así como en las Zonas de Gran Afluencia Turística en determinados periodos del año, además del calendario de diez domingos y festivos de atención al público para 2013, aprobado por unanimidad con los agentes del sector.
Frente a este modelo, Caparrós ha asegurado que las medidas liberalizadoras aprobadas por el Gobierno central “perjudican a las pequeñas empresas del sector, a los trabajadores y a los consumidores’, además de trasvasar cuota de mercado hacia las grandes superficies, amenazando con producir la desertización del tejido comercial urbano”.