Dos noticias judiciales con origen en Fines y Cantoria y protagonizadas por políticos han vuelto a poner de manifiesto, otra vez más, que la administración de Justicia no está funcionando como debiera. Un error de funcionamiento que, por movernos solo en el territorio de lo más sorprendente, tiene otros antecedentes de cuantía mayor en el caso Poniente, como la presunta malversación de 58 millones de fondos del ayuntamiento de El Ejido y del que, 17 años después de los hechos se está a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo; o del Caso Rifá, un procedimiento por fraude fiscal de más de 100 millones por lo que fue condenado en la Audiencia Provincial a 14 años de cárcel, que luego el Tribunal Supremo rebajó a 5 años y nueve meses, al estimar parcialmente algunos recursos, aunque confirmó los delitos fiscales y de alzamiento de bienes, por lo que se le impuso una ‘multa’ que le mantiene en la obligación de pagar en torno a 90 millones entre multas e indemnizaciones, pero que no ingresó en prisión por motivos de salud. O los cuatro años en los que el Caso Mascarillas estuvo olvidado hasta que llegó un juez y lo despertó (quizá si no hubiera llegado todavía seguiría descansando en la placidez del olvido).

Desconozco si las causas de estos retrasos en la resolución de los procedimientos citados tienen su motivación en el exacerbado garantismo con que se tramitan los procedimientos, en la búsqueda interesada de dilaciones por algunas de las partes para entorpecer el recorrido de las denuncias o por escasez de medios humanos en los procesos de instrucción o de recursos técnicos en la búsqueda de pruebas periciales. Desconozco la causa concreta que provoca tan larga travesía en cada uno de los cinco casos citados, podrían ser una o, quizá, todas a la vez.

Lo que no se puede desconocer ni ignorar es que las denuncias sobre presuntas decisiones o actividades delictivas cometidas en Cantoria en 2006, en El Ejido en 2009, en Roquetas con el Caso Rifá en el inicio de los tiempos casi, en Fines en 2014 y en Almería en 2021 estén todavía esperando sin fecha la sentencia.

Ya sé, ya sé que alguien puede alegar que no son procedimientos fáciles de instruir. Pero más complejos se antojan investigaciones judiciales como las del 11M o la trama Ábalos- Koldo y vimos entonces y vemos ahora que su resolución se adaptó a los tiempos que impone una Justicia que, además de ser justa, tiene que aparentarlo y ser rápida. Cuando la apariencia y la rapidez se ponen en duda de lo que se puede acabar dudando es de que sea justa.

Aléjeme el dios del sentido común entrar a valorar la inocencia o culpabilidad de los implicados. Si los jueces no han dictado sentencia, solo un insolente podría aventurarla. No es, por tanto, ese el argumento central de estas reflexiones. Los jueces deben buscar la búsqueda de la verdad jurídica y el periodismo dedicarse a contar los hechos, (aunque en los últimos años algunos, de uno y otro lado, han acabado confundiendo sus territorios).

Ciñéndonos solo a las noticias difundidas esta semana, que dos presuntas ilegalidades urbanísticas de tono menor- la construcción de tres chalés en el primer municipio y de una nave luego presuntamente reconvertida en chalé – lleven acumuladas 32 años de tramitación es una realidad judicial irrazonable. Y, sobre todo, injusta.

En primer lugar, es injusta para los imputados por estas presuntas ilegalidades. El alcalde de Fines y la alcaldesa de Cantoria, si son inocentes, no pueden estar soportando el calvario interminable de la duda sobre si son o no culpables y, por tanto, merecedores del reproche penal que corresponda.

Cosa distinta es que, en estos como en otros procedimientos, sean los propios interesados los que, acogiéndose al laberinto garantista al que tienen derecho, propicien dilaciones interesadas que eternicen el procedimiento para que, cuando se produzca la sentencia, esas mismas dilaciones indebidas puedan servir como atenuante aminorando la pena.

En el caso de Cantoria los hechos sucedieron cuando era otro el alcalde y de los presuntos barros que provocaron aquellas decisiones adoptadas por el pleno en 2006 han venido unos lodos que, veinte años después, aún siguen sin ser limpiados.

En el caso de Fines, el juicio a su alcalde se ha visto suspendido ya tres veces-la última el pasado miércoles- y nadie puede asegurar ni cuándo se va a volver a celebrar, ni si será la cuarta la vez a la que vaya la vencida.

Son solo dos casos. Pero estas dos realidades judiciales, unidas a las ocurridas en El Ejido, Roquetas y Almería y a otras muchas más que siguen a la espera de resolución lo que revelan es que la administración de Justicia no está a la altura. Ni de los tiempos ni de las realidades sociales que la rodean.