La lista de grandes morosos almerienses con Hacienda aumenta en número y en deuda con respecto al año anterior, tras 12 años en los que LA VOZ viene publicándolas puntualmente. Si hay algo que no ha cambiado desde la primera edición, cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, es que el principal deudor de la provincia con fisco sigue siendo Predios del Sureste (27,3 millones de euros) administrada por el empresario del origen catalán Miguel Rifá.

En el listado aparecen los contribuyentes que tienen una deuda con Hacienda superior a 600.000 euros a cierre del año 2024. En este ranking de dudosa reputación se incluyen no solo los deudores principales, sino también los responsables solidarios. No aparecen aquellas empresas cuya deuda no sea firme y aquellas derivadas de delitos penales.

Las empresas deudoras a la Agencia Tributaria

El número de empresas deudoras, bajo estos parámetros, con razón social en la provincia de Almería es de 70, lo que supone 17 más que el año pasado. La suma de la deuda con el fisco asciende a 129,3 millones de euros, 14 millones más que hace un año. 

En el ránking no aparecen los deudores individuales ni nos autónomos o trabajadores por cuenta propia. De las 70 empresas deudodas, 60 son sociedades limitadas y 10 anónimas. Las nuevas empresas que entran por primera vez en el listado de la provincia de Almería son: 

La mayor parte de las firmas almerienses con obligaciones pendientes siguen siendo promotoras inmobiliarias, muchas de ellas, provenientes de la época de la crisis del ladrillo con una situación que las hacen ya de dudoso cobro. También hay firmas de la piedra y de la agricultura.

También destacan como grandes deudores en la provincia de Almería, empresas como Biocarburos del Almanzora (12,8 millones) Florencio Agustín e Hijos (5,8 millones de euros), Inversiones Italán (5,06 millones) o Murgi Edificaciones (2,3 millones. Buena parte de la lista lleva más de una década sin haber saldado su deuda con la Agencia Tributaria, por carecer también de bienes embargables.

La Agencia Tributaria empezó a divulgar la lista de grandes morosos con una finalidad disuasoria por el daño reputacional que provoca. El primer fichero se remonta a 2015, con Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno y Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. 

Entonces los criterios eran distintos, y el umbral de deuda para ser incluido en el fichero era de un millón de euros. Desde 2021, el nivel para ser considerado gran deudor con el fisco ha sido rebajado a los 600.000 euros. 

Así lo establece la ley contra el fraude en vigor desde entonces, aprobada como uno de los hitos vinculados al Plan de Recuperación. La norma también establece que además del nombre del deudor principal aparezca en el listado el de los administradores solidarios.