La Fiscalía ha pedido inhabilitar para cargo público a la alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez, así como diferentes penas para otros implicados por, presuntamente, ocultar una orden de demolición casas construidas a comienzos de los 2000. Todo tras una denuncia que según la propia alcaldesa "no se sostiene" al no entender que un regidor "de 2026 pague los desmanes del alcalde de 2006" y pese a que el Ayuntamiento de Cantoria recibió notificación oficial de estas demoliciones obligatorias en junio de 2010, cinco años antes de su llegada a la Alcaldía.

Asimismo el Ministerio Fiscal acusa al promotor (A.G.C.) de vender las casas a compradores extranjeros (procedentes de Lituania y Reino Unido) por precios de entre 95.800 € y 132.000 € puesto que el fiscal afirma que ocultó a los compradores que las viviendas tenían una orden judicial de demolición.

Mientras que el fiscal acusa también al concejal de Urbanismo, al Secretario y al técnico municipal de emitir informes y resoluciones favorables (como el reconocimiento de las viviendas AFO - Asimilado a Fuera de Ordenación), la alcaldesa (PSOE) afirma que incluir a técnicos o al actual equipo de gobierno en el caso de los AFO —una regulación aprobada por Juanma Moreno (PP)— no es más que una cortina de humo para tapar "sus propias corruptelas en Cantoria con el clan Llamas, y en el Almanzora con Liria" y los "alcaldes del PP de la comarca investigados en el caso mascarillas".

Respecto a su situación procesal, tras conocerse la petición de inhabilitación de fiscalía y la repercusión que pudiera tener como alcaldesa de Cantoria, Sánchez deja claro que no va "a renunciar a nada por una denuncia del Partido Popular, porque nadie se va a creer que yo pueda tener alguna responsabilidad por unas viviendas que se construyeron hace 20 años si soy alcaldesa hace 10". 

Es más, Sánchez sitúa el origen de "todo" cuando "el alcalde de la localidad era Pedro Llamas, del PP, y el agente del Seprona al que se le escaparon las más de 900 viviendas ilegales del municipio era precisamente el denunciante, Saturnino Fernández, ahora asesor de los detenidos en el caso mascarillas" y actual "portavoz de la oposición en Cantoria", afirma.

En su escrito, el fiscal solicita 14 años de inhabilitación para cargo público tanto para la alcaldesa como para el concejal y técnicos denunciados y cinco años de cárcel y multa económica para el promotor, a quien también se le exige que indemnice a las víctimas devolviéndoles el dinero íntegro de las compras (un total de 357.600 € entre los tres compradores mencionados) al creer que las viviendas se regularizaron mediante un AFO para su venta a sabiendas de la orden de demolición.

La alcaldesa cantoriana quiere dejar claro que "se ordena el derribo de las viviendas siendo también alcalde Pedro Llamas, quien lo oculta puesto que no hizo nada en cinco años, y se aprueban los expedientes AFO de habitabilidad, y no legalizan nada, siendo concejal portavoz del PP su hermano, José María Llamas, conocedor de todo el trámite por su cargo. ¿Y ahora quieren que 17 años después seamos responsables nosotros? No cuela ni por el filtro del peinado más fino", ha comunicado Sánchez en una nota.

La primera edil también ha defendido "la total imparcialidad de su equipo gestor" y recuerda que "no cabe en ninguna cabeza que se le pueda imputar a un secretario o a un técnico del Ayuntamiento de Cantoria un olvido deliberado de una sentencia de derribo, cuando existen más de quinientos reparos a Pedro Llamas precisamente por parte de ese técnico". 

Sánchez también cree que "no se sostiene que el secretario que sí requiere al alcalde machaconamente el cumplimiento de las sentencias olvide esa deliberadamente" y que "no tiene sentido porque sencillamente no estaba. Y mucho menos sentido tiene que nosotros, que llegamos en 2015, tuviésemos el más mínimo conocimiento de los tejemanejes de Pedro Llamas, quien, no olvidemos, está inhabilitado para lo que le quede de esta vida y tres más".

Las casas se construyeron en un paraje del término municipal de Cantoria, localidad de la comarca del Almanzora, conocido como Los Garcías y fueron denunciadas y juzgadas entre los años 2006 y 2009, coincidiendo con una gran proliferación de casas ilegales en la zona durante esos años.