El exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha comparecido este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Almería, donde estaba citado para la celebración del juicio por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística relacionado con varias actuaciones detectadas en 2014 en el municipio. La vista, señalada en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería (Plaza nº 1) para las 9:45 horas en la Ciudad de la Justicia de Almería, ha acabado siendo suspendida antes del mediodía, tras casi tres horas de espera, al parecer por la falta de una prueba pericial solicitada.

Sánchez ha llegado a los juzgados en torno a las 9:00 horas acompañado de sus representantes legales. Ataviado con ropa de sport, el exedil de Fines se mantenía sereno y confiando. En declaraciones dadas a LA VOZ minutos antes de la hora del inicio del juicio, ha defendido con detalle su actuación al frente del Ayuntamiento y ha rechazado versión sostenida por la Fiscalía. “Esto viene desde el año 2014”, recordó nada más llegar, aludiendo a un procedimiento que, doce años después, continúa sin resolverse. “Tenernos en vilo todo este tiempo por una cosa que no tiene mucho sustento es muy duro”, añadió.

Durante la mañana, los pasillos del edificio judicial ha sido un escenario de continuas idas y venidas de abogados, peritos y técnicos de la Junta de Andalucía en la sala de vistas 7, hasta que finalmente se comunicado la suspensión del juicio, que ya había sido aplazado en 2023 con motivo de la huelga de letrados de la Administración de Justicia. En sus declaraciones, el exregidor ha negado de manera tajante haber cometido irregularidad alguna o haber actuado con intencionalidad ilícita. “Por supuesto que rechazo lo que dice la Fiscalía”, señaló, antes de desgranar uno a uno los tres casos objeto de la acusación.

Las obras denunciadas

Según explicó, dos de las actuaciones corresponderían a obras menores que se realizaron sin solicitar licencia municipal, como la colocación de hormigón impreso en una vivienda o la sustitución del techo de una pequeña nave que, según sostuvo, se encontraba en mal estado.

Según ha explicado Rodrigo Sánchez, dos de las actuaciones investigadas corresponderían a "obras menores" que no habían solicitado licencia municipal. Una de ellas consistió en la colocación de hormigón impreso en una vivienda, mientras que la otra afectó a una nave de pequeñas dimensiones, cuyo propietario procedió a cambiar el techo ante el riesgo de derrumbe, según relató.

El exalcalde ha subrayado que "en ninguno de estos casos se concedió licencia, ni oral ni por escrito", y que ni siquiera fueron solicitadas. “Ellos se pusieron a hacer la obra”, señaló, precisando que fue el Seprona de la Guardia Civil quien detectó las actuaciones y levantó acta. “Cuando el agente nos dijo la obra que se estaba haciendo, automáticamente paralizamos esa obra”, afirmó.

La tercera obra

En cuanto a la tercera actuación investigada, Sánchez ha defendido que sí se concedió licencia municipal, "respaldada por informes favorables" tanto del técnico jurídico como del técnico municipal, según ha sostenido Sánchez. El ex edil ha manifestado que se trataba de "una licencia para la rehabilitación" de una vivienda antigua, un cortijo con más de cien años.

No obstante, ha reconocido que el promotor no se ajustó posteriormente a la licencia concedida. “Parece ser que alguna pared se cayó y entonces la hicieron nueva”, ha expresado, señalando que esta circunstancia fue detectada por el Seprona durante su inspección y trasladada al Ayuntamiento. “En cuanto vinieron y nos trajeron el acta, automáticamente hicimos orden de paralización”, ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que no hubo ninguna intencionalidad, ni por su parte ni por la del otro acusado, y ha defendido que la "actuación municipal fue inmediata una vez se tuvo conocimiento de los hechos".

Dilatación del proceso

Más allá del fondo del procedimiento, Sánchez se mostró especialmente crítico con la dilatación del proceso, que mantiene abierta esta causa desde 2014. “Esto se tendría que haber hecho mucho antes, como es lógico”, lamentó, expresando su confianza en que el procedimiento acabe archivado, como —recordó— ha sucedido en otras causas anteriores.

La Fiscalía solicita tres años de prisión, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años tanto para Sánchez como para el exconcejal de Urbanismo, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Para los tres acusados responsables materiales de las obras, el Ministerio Público reclama dos años de cárcel, multa, inhabilitación profesional y el derribo de lo construido.

A la espera de un nuevo señalamiento, el juicio vuelve a quedar suspendido tras una mañana marcada por la espera, las maniobras procesales y las declaraciones de un exregidor que mantiene su defensa intacta más de una década después del inicio del procedimiento.