Almería es una provincia que cuenta y que suma para el Partido Popular y para el Gobierno de España. De hecho, nuestra capital y el Palacio de Congresos de El Toyo ha sido el escenario escogido por el presidente Mariano Rajoy para presentar este fin de semana a la sociedad española su ambicioso y necesario proyecto de transformación y adaptación de las administraciones locales. Sin duda este cambio es uno de los asuntos prioritarios a la hora de seguir preparando con rigor y sentido común  un escenario para el crecimiento y el bienestar de todos los ciudadanos españoles en el futuro. Por eso se hacen necesarias medidas que mejoren la eficacia de los servicios que actualmente prestan las entidades locales. Evidentemente uno de los aspectos en los que se centrará la acción de reforma de las administraciones es el financiero. Necesitamos llevar un control de eficacia y eficiencia, a través de distintas actuaciones, como pueden ser el control más riguroso del gasto o la introducción de reformas en el sistema de financiación local. Entre los aspectos que habremos de afrontar está la modificación de la Ley de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para establecer las condiciones que posibiliten el destino finalista del superávit presupuestario. Del mismo modo, un nivel de endeudamiento hasta el 110% de los ingresos corrientes, excepto si tenemos ahorro neto negativo. Habrá que refinanciar operaciones de crédito a largo plazo concertadas antes del Real Decreto Ley 4/ 2012 para financiar inversiones. Es imprescindible para ello que las Comunidades Autónomas paguen sus deudas a los ayuntamientos de manera preferente. Pero de modo muy especial quiero destacar la imprescindible y urgente clarificación de competencias de todas las administraciones públicas y entidades locales, porque esa ordenación es necesaria para evitar solapamientos y duplicidades y sanear el sector público. Como dice nuestro presidente Mariano Rajoy, “Una administración, una competencia”. Esto nos hará tener unas administraciones más eficaces y con menor coste. Y es que las administraciones no pertenecen a los partidos políticos. Las administraciones son la casa común de todos y no pueden emplearse, como por desgracia hemos visto con demasiada frecuencia, como oficina de contratación de compañeros de partido, amigos y familiares, por el mero hecho de serlo. Se trata de defender la auténtica esencia de la soberanía democrática: que las Administraciones Públicas están para servir a los ciudadanos cumpliendo la ley. Es justamente lo contrario de esa vieja práctica de patrimonializar las instituciones como si el país fuera patrimonio de una familia o de un partido político. De hecho en la Diputación de Almería hemos podido comprobar, por desgracia, los ecos de esa práctica tan desafortunada. Las administraciones no pueden ser, como en el caso de la Junta de Andalucía, la nave nodriza de una serie de empresas y chiringuitos para colocar a los amigos y jubilarlos antes de tiempo, porque eso acaba convirtiéndose en una administración paralela, innecesaria e insostenible. En definitiva, el espíritu de esta ambiciosa reforma que vamos a poner en marcha no es otro que el responder eficazmente a las necesidades de adaptación del sector público al entorno socioeconómico. Este cambio significa un cambio de orientación en el modelo de gestión actual, claramente superado por los cambios que se están produciendo en la sociedad y en la situación económica española. Estoy convencido que esta reforma va a suponer un excelente apoyo desde el que empezar a superar la situación de crisis, porque es una medida valiente y es una medida que se toma mirando a los ojos a la gente. Ante situaciones complicadas, los ciudadanos necesitan gobiernos que gobiernen y no que miren hacia otro lado y nos engañen. Por eso sé que, entre todos, seremos capaces de hacer que la salida de esta situación esté más cerca que lejos.