Patricia Ramirez “ya no puede más”. Al terrible dolor que acumula por la muerte de su pequeño Gabriel Cruz a finales de febrero de 2018 se le suman desde hace meses dos circunstancias. La primera, el posible rodaje de una serie sobre el asesinato del pequeño a manos de la condenada Ana Julia Quezada con grabaciones de ésta a través del uso irregular de teléfonos móviles. La segunda, las posibles amenazas que habría recibido desde que la presa fuera trasladada a la cárcel de Brieva (Ávila) por parte de comentarios de Quezada a otras internas y del círculo de la dominicana.

La supuesta participación de personal de la cárcel de Brieva para que Ana Julia tuviera acceso a privilegios como el uso de celulares se investiga en un juzgado de Ávila. Por su parte, de las supuestas amenazas se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, cuya titular tomó este miércoles declaración a la denunciante (Patricia Ramírez) y a la denunciada (Ana Julia Quezada). No se vieron las caras. La madre del pequeño acudió a la Ciudad de la Justicia en la Carretera de Ronda a primera hora de la mañana junto a su abogada, Verónica Guerrero. Desde el penal de Brieva, Quezada “lo negó todo” y respondió a preguntas de una nueva abogada de oficio.

No fue nada “agradable” para Ramírez regresar a los juzgados almerienses “y menos por esto”. Lo dijo cuando ni siquiera las campanas habían sonado a las nueve de la mañana y entraba en sede judicial, en la Sala de Vistas 11.

Patricia procura salir lo menos posible a la calle. Pide protección de verdad porque “no me puedo tomar de forma alegre” las amenazas que se ciernen sobre ella desde que denunciara la grabación ilegal de esa serie y la supuesta ganancia de dinero de Ana Julia Quezada se viera truncada. “Ahora me tiene más manía y se supone que no tiene nada que perder. A mí me queda el miedo por dentro (…) se puede contratar a alguien”.

El material supuestamente grabado en la cárcel de Brieva debe seguir guardado en los cajones y Patricia Ramírez opina al respecto que nunca deberían emitirse esas imágenes. “Espero que no se difundan. Deberían frenar la serie el Ministerio del Interior, los jueces o el Estado. Hay que cumplir la normativa europea y el Estatuto de la Víctima. Ningún condenado en sentencia firme puede salir en público con un documental ganando dinero con una nueva versión de los hechos”. La madre del pequeño Gabriel pide que la condenada por su muerte “no gane dinero a nuestra costa y dolor”.

Ya centrada en su declaración ante el juez, en una actuación que se prolongó en sala hasta el mediodía, Patricia Ramírez aseguró haber ratificado la denuncia por amenazas que presentó a finales de diciembre de 2024.

Contestó “a todas las preguntas” que se le hicieron. “Obviamente ha sido difícil porque son temas complicados, como ya sabéis, pero yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir y espero que se siga investigando y se llegue al fondo de esta cuestión”.

Ramírez insistió ante más de media decena de cámaras de televisión - hubo conexiones en directo durante toda la mañana - que hay que establecer “las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y, sobre todo, no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular”.

La madre de Gabriel también reclama “poder retomar de alguna manera a mi vida de una forma normal”, aunque sabe que ello no ocurrirá pronto.

Quezada apenas aportó ayer novedades al proceso judicial más allá de negar todo aquello de que se le acusa y su compañera sentimental, Miren, supuesta conocedora de las intenciones de la condenada de rodar el documental, se acogió a su derecho a no declarar porque no se le ha dado traslado de las actuaciones. Y un tarotista al que acudió ésta se mostró dispuesto a aportar pruebas para seguir con la investigación.

Continuará.