El PSOE ha puesto el foco esta semana en una realidad que, aunque conocida en el ámbito universitario, sigue pasando demasiado desapercibida: la Universidad de Almería es la que menos fondos recibe por estudiante de toda Andalucía. Lo denuncian los socialistas, que acusan al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de "asfixiar" a las universidades públicas mientras "abre la puerta de par en par a las privadas, incluso con informes técnicos desfavorables".

La advertencia llega justo después de la aprobación del nuevo Real Decreto que regula la creación y autorización de universidades en España, una norma que, según el PSOE, busca frenar la proliferación de centros privados sin garantías de calidad. El decreto (aplicable tanto en privadas como en públicas) refuerza los mecanismos de control y convierte en vinculantes los informes de las agencias de calidad, de modo que ningún centro podrá abrir si no supera las evaluaciones académicas e investigadoras.

"El Partido Popular ha emprendido una cruzada contra la universidad pública", ha sostenido este miércoles el secretario de Universidad, Ciencia e Innovación del PSOE de Almería, Ramón de la Cruz. "Mientras se multiplican las universidades privadas, se ahoga financieramente a las públicas. En Almería tenemos el ejemplo más claro: la UAL es la universidad con menor financiación por estudiante de toda Andalucía".

Los datos que respaldan la denuncia

Los informes recientes avalan ese diagnóstico. El primero, elaborado por Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez García (Politécnica de Valencia), sitúa a la Universidad de Almería como la tercera de España con menor financiación estructural por estudiante, solo por detrás de la Rey Juan Carlos y la de Burgos.

De esa inversión, el 87% procede de la Junta de Andalucía, el porcentaje más bajo del sistema universitario andaluz. Según el mismo estudio, esta brecha pone en evidencia el desfase entre las transferencia autonómicas y las necesidades reales de la institución almeriense.

El segundo informe, de la Fundación CYD, llega a conclusiones similares. En el curso 2022-2023, la UAL recibió 6.125 euros por estudiante en concepto de transferencias autonómicas, mientras que su gasto real por alumno fue de 6.998 euros. El desajuste, que se repite año tras año, muestra (según el PSOE) la urgencia de "una distribución más justa y equilibrada" de los fondos públicos entre las universidades andaluzas.

"No se trata de enfrentar a públicas y privadas"

De la Cruz sostiene que la nueva normativa estatal representa "un paso histórico en la defensa del derecho a una educación superior de calidad" y en la protección de la igualdad de oportunidades. El texto exige que toda universidad, pública o privada, disponga de al menos 4.500 estudiantes en sus primeros seis años, diez titulaciones de grado, seis de máster y tres de doctorado, además de destinar el 5% de su presupuesto a investigación. 

"Esto no va de enfrentar a las universidades públicas con las privadas", insiste el secretario de Universidad. "Va de si queremos universidades de calidad o chiringuitos universitarios donde unos hagan caja y otros se compren títulos sin mérito ni capacidad", denuncia.

En un momento en que la educación superior vuelve al centro del debate, el PSOE recuerda que la Universidad de Almería nació precisamente para igualar oportunidades en una provincia que durante décadas careció de enseñanza universitaria propia. "Por eso, mantenerla infra financiada no solo es injusto, sino que va contra la esencia de lo que la universidad representa: el derecho a progresar a través del conocimiento, como un ascensor social", añaden.