Almería se encuentra entre las provincias andaluzas en las que la jurisdicción social atraviesa una situación de “colapso funcional” en materias especialmente sensibles relacionadas con la Seguridad Social, como prestaciones, desempleo, jubilación, incapacidad permanente, determinación de contingencias o impugnación de altas médicas.

Así lo denuncia un informe elaborado por Comisiones Obreras (CCOO), que advierte de que los retrasos acumulados para acceder a juicio están comprometiendo la efectividad de derechos vinculados a estas materias.

Aunque los procedimientos presentan diferencias entre sí, todos comparten un elemento común: afectan a derechos de protección social ligados a situaciones de necesidad, pérdida de rentas, incapacidad laboral, desempleo, acceso a pensiones o continuidad de prestaciones. El informe subraya que la demora en estos casos tiene una “gravedad cualitativa propia”, ya que no se trata solo de litigios económicos, sino de procedimientos que afectan a rentas de sustitución y mecanismos de protección frente a contingencias personales, profesionales o sociales.

El estudio, presentado recientemente por responsables estatales de CCOO, combina datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el análisis de expedientes reales tramitados por los servicios jurídicos del sindicato durante 2026, con el objetivo de ofrecer una radiografía del funcionamiento de la jurisdicción social en España.

Por encima de los umbrales de la tutela judicial

En el caso de Almería, los datos sitúan a la provincia entre los territorios andaluces donde los tiempos de señalamiento en asuntos de Seguridad Social superan los umbrales que el sindicato considera compatibles con una tutela judicial efectiva. Junto a Córdoba, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Jaén, Almería figura entre las provincias donde el acceso al juicio se retrasa de forma prolongada.

El informe concluye que la demora media estatal alcanza los 389,7 días, equivalentes a 13 meses. Según la escala de valoración aplicada por CCOO, el conjunto de procedimientos de Seguridad Social se sitúa en un escenario de “colapso funcional”.

El sindicato considera especialmente relevante esta conclusión, ya que una demora media de 13 meses hasta la celebración del juicio resulta, a su juicio, incompatible con la función protectora de los derechos de Seguridad Social. 

El análisis provincial refleja una situación de colapso territorial generalizada. De las provincias evaluadas, 36 se sitúan en “colapso funcional”, seis en “demora lesiva”, tres en “demora preocupante” y solo cinco presentan una “respuesta satisfactoria”.

16,6 meses de espera

Almería figura entre las provincias con mayores demoras medias, con 507,3 días y 16,6 meses de espera. Destacan especialmente Valencia y Alicante, con medias superiores o cercanas a los dos años, así como Córdoba, Huelva y Sevilla, donde las demoras superan los 20 meses.

Andalucía presenta, según el informe, una situación especialmente grave: siete de las ocho provincias evaluadas están en “colapso funcional” y la media autonómica alcanza los 478,6 días, equivalentes a 16 meses. 

CCOO recuerda que estos plazos reflejan únicamente el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la celebración del juicio, sin incluir la redacción de la sentencia, la resolución de recursos o la ejecución de las resoluciones judiciales.

El sindicato subraya la especial gravedad de la situación porque afecta directamente a personas que esperan una respuesta sobre prestaciones económicas o derechos ligados a su subsistencia. Una incapacidad permanente, una prestación por desempleo o el reconocimiento de una pensión pueden quedar en suspenso durante largos periodos, con el consiguiente impacto económico y personal.

El informe también detecta demoras generalizadas en otros procedimientos laborales, como reclamaciones salariales, despidos individuales, reconocimiento de derechos, conflictos colectivos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o procedimientos relacionados con derechos fundamentales.

Una cuestión que afecta al Estado de derecho

Durante la presentación del informe, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que la situación ha dejado de ser un problema meramente organizativo para convertirse en una cuestión que afecta directamente al Estado de derecho.

Sordo alertó además de que la demora en la jurisdicción social “ha alcanzado una dimensión estructural” que compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y a la tutela judicial efectiva.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, atribuyó buena parte del colapso al incremento sostenido de asuntos que llegan a los juzgados sin que los recursos humanos y materiales hayan crecido al mismo ritmo.

“Cuando un juicio por salarios, despido o prestaciones tarda un año o más en señalarse, se agrava el desequilibrio entre empresa y trabajador y se debilita la capacidad real de defender derechos laborales básicos”, señaló.

Ante esta situación, CCOO ha anunciado distintas iniciativas para reclamar una respuesta institucional urgente. El sindicato trasladará actuaciones al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. Además, presentará una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por un posible incumplimiento de la Carta Social Europea revisada.

Para el sindicato, la jurisdicción social constituye una pieza esencial del Estado social y democrático de derecho y debe tratarse como una prioridad política y presupuestaria. 

En provincias como Almería, donde los procedimientos relacionados con la Seguridad Social ya presentan síntomas de “colapso funcional”, CCOO considera imprescindible adoptar medidas urgentes para evitar que el lugar de residencia termine condicionando la efectividad real de los derechos laborales y de protección social.