Resolver un divorcio, repartir una herencia o reclamar un dinero al banco se ha convertido en Almería en una cuestión de paciencia. No es una sensación aislada ni una queja sin respaldo. Los datos de la Memoria 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que la Justicia civil en la provincia se encuentra claramente saturada, con retrasos crecientes y una carga de trabajo que supera con creces lo razonable.

Cuando se habla de asuntos civiles no se trata de conflictos lejanos o técnicos. Detrás de estas cifras hay divorcios, custodias de menores, pensiones alimenticias, herencias bloqueadas, conflictos por una vivienda o reclamaciones económicas frente a bancos y aseguradoras. En la práctica, esto significa que una familia puede pasar más de un año esperando una decisión definitiva sobre con quién viven sus hijos, quién puede usar la vivienda familiar o cuándo podrá disponer de un dinero que permanece bloqueado por un recurso judicial.

El mayor cuello de botella se localiza en la Audiencia Provincial de Almería, el órgano que revisa los recursos contra las sentencias dictadas en primera instancia. Durante 2025 entraron en la Audiencia 3.530 asuntos civiles, un 38% más que el año anterior. En ese mismo periodo solo se resolvieron 2.404, lo que provocó que la cifra de casos pendientes aumentara hasta 3.629, un 45% más en solo un año.

Tiempo medio

Esta acumulación de asuntos tiene un efecto directo en los plazos. Según los indicadores oficiales del TSJA, la tasa de pendencia en la jurisdicción civil de Almería es de 1,5, lo que equivale a un tiempo medio de resolución de 18 meses. Es decir, un año y medio de espera para que un recurso civil tenga respuesta. El propio tribunal reconoce que este plazo es elevado y está claramente alejado de lo que debería considerarse razonable.

La media se sitúa en 504 casos por juez y año, cuando el Consejo General del Poder Judicial fija en unos 200 asuntos anuales la carga orientativa para una sección civil. Aunque cada magistrado dictó centenares de resoluciones, el volumen de entrada es tan alto que resulta imposible reducir la bolsa de asuntos pendientes.

La diferencia con la jurisdicción penal es significativa. En las secciones penales de la Audiencia de Almería, cada magistrado recibe 349 asuntos al año, una cifra elevada pero más manejable, lo que permite mantener plazos de resolución en torno a los tres meses. El atasco, por tanto, no afecta por igual a todo el sistema: se concentra con claridad en la Justicia civil, la más cercana a los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Roquetas, El Ejido, Purchera y Vera

Además, la presión comienza mucho antes de que los asuntos lleguen a la Audiencia. En los juzgados de primera instancia de la provincia entraron en 2025 más de 23.000 asuntos civiles, repartidos entre apenas nueve órganos judiciales. La Memoria señala que en partidos judiciales como Roquetas de Mar, Berja, El Ejido, Purchena o Vera la carga es especialmente elevada.

En Roquetas de Mar, por ejemplo, cada órgano judicial tuvo que tramitar cerca de 1.450 asuntos civiles en un solo año; en Berja, 1.360; en El Ejido, más de 1.100; y en Purchena, con un único juzgado, más de 1.050. Todos estos datos superan ampliamente los módulos considerados razonables. El problema de Almería se inscribe, además, en un contexto andaluz complicado.

Unas de las más presionadas

En el conjunto de Andalucía, las Audiencias Provinciales cerraron 2025 con 45.054 asuntos pendientes, de los que el 81% corresponde a la jurisdicción civil, lo que confirma que el principal atasco del sistema se encuentra en este ámbito. Aun así, los indicadores muestran que Almería se sitúa entre las provincias con mayor presión, tanto por tiempos de espera como por carga de trabajo por magistrado.

Para intentar aliviar la situación, el TSJA ha mantenido medidas de refuerzo, como la incorporación de una magistrada de apoyo en el orden civil en la Audiencia de Almería. Sin embargo, el propio tribunal admite que estas medidas resultan insuficientes.

Por ello, plantea un refuerzo estructural de la planta judicial y propone la creación de entre 17 y 29 nuevas plazas judiciales en la provincia. Mientras ese refuerzo no llegue, la realidad es clara: en Almería no faltan pleitos, faltan quienes los resuelvan.