El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pone cifras a las carencias de jueces y magistrados en Almería. El TSJA considera necesaria la incorporación de 12 nuevos profesionales para órganos de la provincia afectados por una enorme carga de trabajo y pide un refuerzo de la plantilla para abandonar “una ratio de jueces por habitante inferior a la media europea”.

En esta demanda el TSJA encuentra el respaldo de la Junta. El consejero de Justicia e Interior, el fiscal Emilio de Llera, ha reclamado al Gobierno “un mínimo de 85 nuevos jueces” para la comunidad autónoma, una cifra que coincide exactamente con la propuesta del Alto Tribunal andaluz, además de un impulso al actual número de fiscales.

En la provincia de Almería la petición responde a los órganos con mayores índices de asuntos pendientes y se reparten entre juzgados de Primera Instancia de Almería, Berja, Roquetas de Mar y Vera, juzgados de los  Penal, Contencioso-Administrativo y Social. También se reclama un magistrado para apuntalar los recursos de la sección civil de la Audiencia Provincial, desde enero separada de las dos secciones penales.

En declaraciones de finales de agosto, el consejero Emilio de Llera aseguró que la comunidad “sufre una situación deficitaria, por debajo de la ratio europea y nacional en cuanto al número de jueces por habitante”, por lo que “es necesario que el Gobierno del Estado entienda esta necesidad y dé respuesta urgente a esta situación especial que sufre Andalucía para mejorar su justicia”.

De Llera y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se reunieron ayer en la Comisión Mixta que integran entre ambas instituciones y reiteraron la necesidad de un esfuerzo presupuestario del Ejecutivo en este ámbito.

Controversia

Si los puntos de acuerdo entre el TSJA y la Junta son amplios en el terreno de las carencias de jueces, la coincidencia no es menor cuando se trata de abordar cambios en la dotación de funcionarios. Estos profesionales dependen del Gobierno andaluz y la Consejería de Justicia e Interior ha emprendido  un programa de “redistribución” del personal para, desde su punto de vista, “dar respuesta a los órganos judiciales que soportan una mayor carga de trabajo”.

La medida se topó con una fuerte resistencia de las organizaciones sindicales en la provincia de Almería y también con cierto malestar por parte de jueces afectados por una merma de sus recursos. No obstante, la reordenación de los funcionarios cuenta con un visto bueno del TSJA, que ya apuntaba su pertinencia en la última memoria anual.

De Llera ha subrayado que “hay órdenes jurisdiccionales muy saturados, como es el caso de los juzgados de lo Social, y otros que no sufren una carga de trabajo tan voluminosa, como es el caso de los juzgados de lo Contencioso, lo mismo que ocurre con la desigual carga de trabajo que soportan las secciones civiles y penales de las audiencias, donde esta reordenación sería muy efectiva”.
Por su parte, Lorenzo del Río Del Río conmina a los trabajadores a apoyar la medida, que sean “proclives” a una iniciativa destinada “ a ofrecer un mejor servicio”.

Según el nuevo diseño de las plantillas de los juzgados en Almería, pierden funcionarios los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera de la Audiencia Provincial (civil), Vigilancia Penitenciaria y Violencia contra la Mujer. Por el contrario, ganan funcionarios los Juzgados de lo Penal, lo Social y el Mercantil.

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