La sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la creación de la comisaría local de la Policía Nacional de Roquetas de Mar tras el recurso planteado por la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil sigue provocando reacciones y sembrando de incertidumbre el modelo de seguridad del municipio del Poniente almeriense.

Ahora son miembros del Cuerpo Nacional de Policía los que muestran esa incertidumbre que se abre ante ellos y, muy especialmente, ante los agentes que tenían previsto optar a una de las 150 plazas previstas para la puesta en marcha de la comisaría en Roquetas de Mar.

En concreto, desde el comité provincial de Almería del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran estar "muy preocupados con la deriva que está tomando la implantación de Policía Nacional en Roquetas".

El pasado martes, el SUP fue el único sindicato almeriense presente en la reunión convocada con el Jefe de la División de Personal de la Policía Nacional para abordar cuestiones previas al desembarco en Roquetas de Mar, como el tema de las plazas, provisión de efectivos y el despliegue del Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría provisional, en dos locales de la Plaza de Toros cedidos por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

Fue precisamente durante el trascurso de la reunión cuando la Unión de Oficiales de la Guardia Civil informaba de la sentencia de la Audiencia Nacional. Esa información y la presunta paralización de la implantación de una comisaría en Roquetas pillaban "de sorpresa al Jefe de la División", que decidió "no continuar con el desarrollo de la reunión hasta no saber el alcance de dicha sentencia", informan desde el SUP.

El SUP también subraya el hecho de que la UO no haya facilitado por el momento el contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional. Desde la UO, por su parte, detallan que la sentencia incluiría otros aspectos que la asociación recurrió y que no hace públicos por el momento. Por su parte, en el SUP señalan este aspecto como "sospechoso", y "contribuye a generar un clima de incertidumbre en todos los funcionarios implicados y en sus familias".

Así las cosas, el SUP mantiene una postura prudente, esperando a conocer la sentencia para valorar "si el error de forma al que hace referencia la asociación puede ser subsanable, recurrible, si paraliza el proyecto, o si no es más que otro bulo tendencioso de los que han circulado al respecto".

En la reunión, en representación del SUP participaron activamente Javier Socías Fernández, Secretario General del SUP Almería, y Rubén Góngora, Secretario de Organización Federal del SUP Andalucía. 

Lo que sí se concluía en la reunión, tal y como explican desde el SUP, es la paralización de la tramitación de las comisiones de servicio de las 150 plazas previstas, a la espera de recibir instrucciones y conocer el alcance jurídico de la resolución. Cabe recordar que, tal y como confirmaba el Jefe de la División al Secretario General del SUP en Almería, los agentes de la Policía Nacional se habrían incorporado a Roquetas de Mar el próximo 1 de diciembre.

Un futuro incremento de la plantilla de la Policía Nacional en Roquetas de Mar

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión fue el compromiso alcanzado a requerimiento del Secretario General del SUP Almería, Javier Socías, quien ha insistido en la necesidad de que la futura comisaría disponga de una plantilla suficiente para atender la realidad demográfica y delincuencial del municipio.

El jefe de la División de Personal explicaba que la única razón por la que inicialmente se contemplan 150 efectivos es la limitación técnica de las instalaciones provisionales cedidas en la plaza de toros de Roquetas de Mar, cuya capacidad no permite albergar un número superior de funcionarios.

No obstante, también manifestaba expresamente que no existe inconveniente en incrementar la plantilla cuando las necesidades operativas así lo aconsejen.

En este sentido, se ha comprometido, a petición del Secretario General del SUP Almería, a impulsar una ampliación definitiva de efectivos si resulta necesaria, señalando que, cuando estén disponibles las instalaciones definitivas, la dotación podría superar los 210 funcionarios inicialmente previstos y alcanzar los 250 efectivos o incluso más, en función de las necesidades reales del servicio.