La Voz de Almeria

Roquetas de Mar

La sentencia de la Audiencia Nacional "no impide implantar la Policía Nacional en Roquetas de Mar"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tenido acceso a la sentencia y analiza el defecto de forma de la creación de la comisaría local de Roquetas

Inicio de las obras de la comisaría provisional de la Policía Nacional en los locales de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

Inicio de las obras de la comisaría provisional de la Policía Nacional en los locales de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

Álvaro Hernández
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Una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 19 de octubre ponía en jaque la inminente puesta en marcha de una comisaría local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar. La decisión judicial, nacida de un recurso un recurso contencioso administrativo de la asociación profesional Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, podía ser recurrida por el Gobierno en el Tribunal Supremo. Pero hay otra forma de esquivar el escollo: volver a tramitar un nueva disposición, pero esta vez debidamente motivada, incluyendo los informes que justifiquen la necesidad de la creación de la comisaría. E Interior ya estaría trabajando en ello.

Así analiza la sentencia después de haber podido acceder a ella el Sindicato Unificado de Policía (SUP), y lo hace trasladando un mensaje tajante: "la resolución no impide implantar la Policía Nacional en el municipio". 

Así las cosas, la sentencia de la Sala de los Contencioso Administrativo, sección 5ª de la Audiencia Nacional anula su previsión de creación de la comisaría local de Policía Nacional en Roquetas de Mar "por falta de justificación específica en el expediente, una deficiencia que Interior debe corregir con urgencia", subrayan desde el SUP.

Una falta de rigor de Interior que compromete el proyecto

El Ministerio del Interior incorporó la comisaría a la Orden INT/859/2023 sin estudios o informes previos que justificaran específicamente su necesidad. Las referencias genéricas a la eficiencia y la seguridad fueron insuficientes. Tampoco bastó con alegar el crecimiento demográfico durante el juicio: debía estar documentado al elaborar la norma.

Así, el SUP señala que el tribunal no dice que falten razones para crear la comisaría, sino que Interior no las acreditó debidamente. El SUP considera "inaceptable que esa falta de rigor comprometa un proyecto de esta importancia y genere incertidumbre entre los funcionarios y las familias de ambos cuerpos".

Tal y como recuerdan desde el SUP, la anulación tiene consecuencias jurídicas reales, ya que añadir ahora un informe no recupera automáticamente la previsión anulada. Pero lo que pone sobre la mesa el sindicato es la posibilidad de esquivar el tedioso y largo laberinto judicial de recurrir: "Interior puede tramitar una nueva disposición, debidamente motivada, sin que acudir al Tribunal Supremo sea un requisito imprescindible para aprobarla de nuevo".

Para ello, eso sí, "la Dirección General de Policía y el Ministerio del Interior deben documentar las necesidades del municipio, su población residente y estacional, la demanda de seguridad, los recursos y el despliegue; además de concretar la coordinación con la Guardia Civil y la transición de responsabilidades, garantizando la continuidad del servicio y la seguridad jurídica de los profesionales. Los servicios jurídicos deberán gestionar el eventual recurso y sus efectos, respetando en todo caso la sentencia".

El SUP anuncia que instará a Interior a resolver el problema cuanto antes. "Al sindicato le consta que ya se está trabajando en ello y exigirá actuaciones concretas, diligencia y transparencia", plantean desde el SUP, haciendo especial hincapié en que "la comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar sigue adelante. Interior debe aportar el rigor jurídico, la planificación y los recursos necesarios para hacerla realidad".

Las otras reclamaciones de la Unión de Oficiales que incluía la sentencia de la Audiencia Nacional

El SUP considera tendencioso presentar el fallo como una paralización de la comisaría ocultando que rechaza todas las demás pretensiones de la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil y no cuestiona la habilitación para crearla cuando existan necesidades organizativas debidamente justificadas.

La asociación tampoco consiguió:

- Anular toda la orden de estructura de la Policía Nacional. La anulación se limita a la previsión de creación de la comisaría de Roquetas.

-Anularla por falta de audiencia y participación. El tribunal rechaza este motivo por el carácter organizativo de la norma y la justificación de la excepción.

-Exigir el informe del Consejo de la Guardia Civil. No era preceptivo para la orden examinada, referida a la organización y funciones de la DGP.

-Eliminar las funciones impugnadas de la UCRIF y la Brigada de Investigación de Redes sobre investigación de redes de inmigración ilegal.

-Anular las funciones cuestionadas de la Unidad Central de Fronteras. Se mantienen, distinguiendo inspección fronteriza y vigilancia de fronteras.

-Suprimir la regulación impugnada sobre seguridad interior de aeropuertos de los puestos fronterizos de Policía Nacional. Se mantiene dentro de sus competencias legales y respetando las de la Guardia Civil.

-Anular las funciones impugnadas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Se consideran comprendidas en el ámbito competencial de la Comisaría General.

-Anular la cooperación policial y aduanera de las comisarías conjuntas y los centros de cooperación. Se mantiene respetando las competencias de cada cuerpo.

"Reducir el fallo a la paralización de la comisaría silenciando estos pronunciamientos ofrece una imagen parcial y tendenciosa y alimenta una incertidumbre innecesaria", analizan desde el SUP.

En ese sentido, el SUP denuncia que, según la información de la que dispone, "la asociación UO no quiso facilitar la sentencia a otras organizaciones ni a medios de comunicación que la solicitaron. Para el sindicato, esa negativa apunta a un intento de evitar que se conocieran sus pretensiones y las razones por las que fueron rechazadas. Quien difunde un fallo debe permitir conocer también aquello en lo que le quita la razón".

El alcance del recurso, dirigido contra funciones policiales que exceden ampliamente la seguridad de Roquetas, evidencia, a juicio del SUP, un planteamiento corporativista orientado a preservar espacios de actuación. La defensa de intereses profesionales no equivale necesariamente al interés general: el modelo policial debe responder a qué organización protege mejor a los vecinos.

Esta crítica no cuestiona la profesionalidad de la Guardia Civil, con la que debe garantizarse una transición coordinada.

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