El proceso judicial en el que está inmersa Ana Julia Quezada, por los presuntos favores sexuales que recibía de varios funcionarios de la prisión de Brieva (Ávila), ha dado un giro inesperado. Todo apunta que la asesina del pequeño Gabriel Cruz, podría pasar de "testigo a víctima" en la causa por la trama de sexo y privilegios en la prisión.

Según ha adelantado la periodista Vanesa Lozano, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial habría dictado un auto que otorga a Ana Julia Quezada, "la condición de perjudicada u ofendida en la causa abierta contra un funcionario y un cocinero de la cárcel de Brieva, investigados por presuntos favores sexuales y cohecho."

Al inicio de la investigación, el Juzgado de Instrucción 4 de Ávila, llamó el pasado mayo a Ana Julia a declarar como testigo, en este proceso, negándole poder personarse como acusación particular. Algo que Quezada habría intentado, sin éxito.

Esta condición cambiaría con la reciente resolución del Alto Tribunal abulense. Al ser Quezada considerada como perjudicada u ofendida, podría personarse como acusación particular en el procedimiento, así como tener acceso a la documentación del caso.

Sujeto pasivo

La jueza de Instrucción 4 consideró el pasado mayo que no podía ser reconocida como víctima, decisión que ahora ha sido revertida por la Audiencia. Según el auto judicial difundido por Lozano,  los delitos investigados —negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función— "afectan directamente la libertad e indemnidad sexual de Ana Julia en su condición de interna en un centro penitenciario", al "ostentar la condición de sujeto pasivo".

Según Lozano, la Audiencia de Ávila, en su auto, destacaría que la relación de dependencia que existe entre los reclusos y los funcionarios que los custodian genera una situación de sujeción especial, equiparable en términos de protección a la de menores frente a adultos.  "la situación de los internos en un centro penitenciario respecto del funcionario encargado de su guardia es parecida a la de los menores de 16 años, de una total de indemnidad sexual". Por ello, los funcionarios habrían cometido un presunto delito incluso si hubiera existido consentimiento por parte de la reclusa.

Chocolates, cremas y formas de pasar el móvil

En su declaración ante la Fiscalía, Ana Julia Quezada reconoció haber mantenido relaciones sexuales con uno de los funcionarios de la prisión, asegurando que no podía negarse debido a la posición de autoridad del empleado: “No podía decir que no, es un funcionario”. Relató que los encuentros ocurrían principalmente por la noche durante la guardia del funcionario o al mediodía cuando estaba solo, y que ella no siempre consentía: “A veces sí, y otras no”.

Quezada explicó que el funcionario le traía regalos como perfumes, cremas, chocolates y otros objetos. También se encargó de que no le incautaran su teléfono móvil, facilitándole la llegada de uno a través de otra persona: “Me lo proporcionó otra persona, yo trabajaba en la cocina y me lo hizo llegar uno de los cocineros. Tuvimos un lío en la cocina, él me dijo que podría tener todo lo que quisiera”.

La fiscal preguntó cómo entró el teléfono en la prisión, a lo que Quezada respondió que se lo pidió a la persona con la que tuvo un “affaire” en la cocina. El hombre inicialmente dijo que no podía comprarlo con su DNI, pero Ana Julia coordinó con su pareja para que se lo entregara fuera del centro. "No te preocupes que mi pareja te lo trae, lo que tienes que hacer es quedar con ella fuera, cuando ella venga a comunicar y ella te lo entrega".

Ana Julia reconoció que estos favores, incluidos el teléfono, se daban a cambio de relaciones sexuales, aunque testificó que no se grabaron videos explícitos de los encuentros: “Me hizo videos y fotos de mis partes íntimas”. Finalmente, señaló que la relación terminó simplemente porque dejó de ver al funcionario.