El Gobierno avanza en la revocación de las sanciones impuestas por incumplimientos de las restricciones de movilidad durante el primer estado de alarma, en los momentos más duros del confinamiento. La Administración cumple con la resolución del Tribunal Constitucional (TC) y anula desde el pasado mes de noviembre los expedientes sancionadores correspondientes a los meses iniciales de la pandemia.

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha cancelado hasta ahora 3.400 propuestas de sanción de las 5.800 afectadas por la sentencia del TC, casi dos tercios de todas las multas cursadas en la provincia. Es un cifra significativa teniendo en cuenta que una parte de los expedientes no se llegaron a cobrar, esto es, se realizaron las propuestas de sanción por incumplimientos de las restricciones realizadas por el Gobierno central, pero no llegaron a completarse los trámites administrativos y tampoco se cobraron.

Todos los expedientes resueltos desde el mes de noviembre dentro de esta fase de revisión se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (la última relación de casos se anunció en el BOE este martes). La sentencia del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucional contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. De manera simplificada, el TC señaló que las restricciones de movilidad no estaban amparadas por un “estado de alarma” sino por una figura más severa como “el estado de excepción”.

Tres tipos

La resolución generó un efecto dominó. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás y revocar todas las sanciones de aquellos momentos de controles de movilidad, confinamiento domiciliario y limitación de la salida de términos municipales. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso LA VOZ, en la primera fase se están archivando aquellos procedimientos sancionadores que todavía no se habían enviado para recaudación. Son 1.600 sanciones por infracciones graves en Almería.

En una segunda fase, la Subdelegación anuncia que revocará todos los expedientes enviados pero aún no cobrados. Es decir, los casos resueltos que los afectados no han pagado todavía. Son los más numerosos, aproximadamente 3.100 asuntos.

Y finalmente, en la tercera fase se anularán todos los expedientes cursados y cobrados. El Estado devolverá el dinero. “Se procederá a dictar resoluciones individualizadas de revocación y devolución de ingresos”.