JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, rechaza de forma frontal el protocolo aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la sustitución de la Guardia Civil por Policía Nacional en el municipio.

Su objetivo es establecer una “demarcación compartida” entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en el municipio, una medida que la asociación considera que no resuelve los problemas reales de seguridad que afectan a la localidad.

La asociación defiende que la respuesta a las tasas de criminalidad de Roquetas de Mar debe pasar por reforzar el Puesto Principal de la Guardia Civil, dotándolo de más agentes, mejores instalaciones y medios materiales adecuados para afrontar la realidad actual del municipio.

“Roquetas de Mar no necesita que se debilite la presencia de la Guardia Civil, necesita que se apueste por ella. Llevamos años reclamando más plantilla y más recursos para que nuestros compañeros puedan realizar su trabajo con garantías”, afirma Rafael Maldonado, secretario provincial de JUCIL en Almería, quien considera que “el cambio se debe únicamente a intereses políticos y no policiales”. En este sentido, alerta de que un cambio de modelo policial supondría “empezar de cero” y advierte de que los principales perjudicados serían los ciudadanos.

Junto a ello, recuerda que el Puesto de Roquetas de Mar es una de las unidades con mayor carga de trabajo de España, con más de 12.000 diligencias anuales y más de 1.000 detenidos. A pesar de ello, denuncia que continúa sufriendo una falta estructural de personal y medios.

“La Guardia Civil lleva décadas garantizando la seguridad de los vecinos de Roquetas. Los problemas actuales no son consecuencia del cuerpo que presta el servicio, sino del abandono y de la falta de inversión”, señala Maldonado.

Como muestra destaca el estado de las instalaciones de la Guardia Civil, que se encuentran deterioradas y necesitan una reforma integral tras años sin una actuación profunda. “Las intervenciones realizadas hasta ahora han sido insuficientes, por lo que venimos reclamando una inversión real”.

Asimismo, insiste en que es incomprensible la falta de calabozos propios, lo que obliga a estar trasladando detenidos desde Roquetas de Mar hasta El Ejido, Adra, Almería, incluso Huércal Overa. Esto supone una merma en la protección real a los ciudadanos de Roquetas, con el agravante del aumento de delitos y la violencia que se está registrando.

Por otro lado, JUCIL advierte de que el posible cambio de modelo policial está generando una profunda preocupación entre los guardias civiles destinados en Roquetas de Mar y sus familias, muchos de ellos con décadas de servicio y arraigo en la localidad.

Maldonado considera “una vergüenza” el trato que están recibiendo los guardias civiles destinados en Roquetas de Mar y sus familias ante la falta de información sobre el futuro del puesto. “Hay compañeros que llevan décadas destinados en Roquetas, que tienen aquí su vida y sus familias, y que están viviendo una situación de incertidumbre absoluta por el secretismo existente sobre qué ocurrirá con ellos”, denuncia el secretario provincial de JUCIL.

La asociación critica además la falta de respuesta institucional. Según explica, desde el mes de abril se solicitó una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería para abordar esta situación, pero hasta la fecha “ni siquiera se ha dignado a responder a dicha solicitud”.

Asi, afirma que ni desde la dirección general ni desde el Ministerio de Interior están haciendo nada para paliar estás circunstancias y recuerda que son los responsables últimos de la seguridad ciudadana y de los agentes, en un municipio donde en los próximos meses estivales se multiplicará la población y los delitos.

Recientemente, la asociación denunció que por primera vez en años no se han publicado vacantes para este destino pese a que la plantilla no se encuentra cubierta. En su conjunto, Almería cuenta con unos 1.600 guardias en activo, 300 menos de los que marca el catálogo.