Los que sí se animaron a declarar en la tercera sesión de toma de testimonios del caso Mascarillas, fueron los dos empresarios citados, junto a Rodrigo Sánchez y su hijo. En su alocución, uno de los exadministradores de la mercantil OYC Servicios Urbanos investigados en en la causa, sitúo al hijo del exalcalde de Fines como la persona que, en realidad, “dirigía la empresa” señalada como una de las sociedades empleadas en el seno de la trama para la obtención de contratos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

Así lo trasladó durante su declaración ante el juez instructor, en la que desvinculó su responsabilidad efectiva de la gestión de la sociedad señalada por los investigadores como una de las piezas en la supuesta trama de adjudicaciones públicas.

Según su relato, su paso por la empresa —limitado a unos meses entre 2019 y 2020— fue meramente formal. Asegurando que se limitaba a seguir “instrucciones de Rodrigo Sánchez López”, sin capacidad real de decisión ni participación en los procesos de contratación. En este sentido, negó haber administrado ‘de facto’ la mercantil, ni haber acudido a mesas de licitación o intervenido en concursos públicos, insistiendo en que su papel se reducía al de ejecutor de directrices ajenas.

Dice ser un mero "socio"

De acuerdo con esta versión, habría sido el hijo del exregidor quien le indicaba qué trabajos habían sido concedidos a la empresa, de modo que él solo asumía tareas vinculadas a la ejecución de obras ya adjudicadas. Sí admitió haber firmado documentos en nombre de OYC cuando así se le requería, aunque sostuvo que lo hacía sin conocer en profundidad el alcance de sus funciones.

Según explicó, su percepción era que actuaba más como “socio” nominal que como verdadero administrador con responsabilidades de gestión. El testigo también apuntó a la existencia de otros administradores que, como él, habrían ocupado el cargo de manera puntual, lo que, a su juicio, evidenciaría un patrón de utilización de terceros para asumir la representación formal de la empresa.

Esta versión coincide, en parte, con las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO), que sostiene que la sociedad habría funcionado como una estructura instrumental para la obtención de contratos públicos. Según los indicios recopilados, OYC llegó a firmar adjudicaciones millonarias con distintas administraciones, en un contexto en el que se investiga el posible cobro de comisiones ilegales vinculadas a esas concesiones.