Para cualquier persona o entidad y en cualquier ámbito hay una máxima que siempre se cumple, la de que la paciencia tiene un límite. Y eso es lo que ha ocurrido con el Club Náutico de Balerma y su mesa de trabajo por la estabilización de la playa tras años de estudios, promesas e inacción mientras la mar sigue avanzando de forma inexorable.

Y es por ello por lo que han decidido dar un paso más a la hora de solicitar responsabilidades en cuanto a la ejecución de lo que hace tiempo que se viene anunciando, el proyecto de actuación para la recuperación del litoral de Balerma.

En este sentido, han recordado como "desde que se licitara el contrato para la redacción de un proyecto con el que estabilizar y proteger el tramo comprendido entre la rambla de Balanegra y la Peña del Moro, en julio de 2022, hasta la fecha nada se ha llevado a cabo, pese a la cantidad de anuncios que se han realizado por el Subdelegado del Gobierno asegurando que se encontraba casi terminado dicho proyecto desde el año 2023".

Y no solo eso, puesto que, según añade José Antonio Peña, portavoz de la mesa, “el deterioro y erosión es insostenible y afecta a la totalidad del litoral desde las cuevecillas a la desembocadura de la rambla del loco”.

Por este motivo, desde este colectivo han decidido enviar un requerimiento previo al inicio de acciones judiciales dirigido tanto a la cúpula de Costas y del propio Ministerio, "en calidad de responsables de la protección, defensa y ejecución de obras en el Dominio marítimo", como al delegado y subdelegado del Gobierno de España en Andalucía y en Almería, respectivamente, "estos últimos como competentes en inspeccionar los servicios públicos responsabilidad y competencia del Estado y encargados de reportar y transmitir las situaciones que requieren una urgente intervención de los departamentos ministeriales del Gobierno y de la Administración General del Estado".

Concurrencia de responsabilidad penal

Desde la mesa de trabajo por la playa de Balerma han remitido este requerimiento previo a tomar acciones judiciales entendiendo que se podría estar dando "una clara inactividad administrativa y una dejación de funciones en la falta de ejecución, custodia, protección, defensa y tutela de competencias que tienen atribuidos los cargos a los que le han notificado la advertencia". Y a ello añaden "la posible concurrencia de responsabilidad penal por el daño que está sufriendo el medio ambiente, el patrimonio público y privado, y el riesgo que puede haber sobre las personas ante la grave situación que se da en la zona de dominio público marítimo y las zonas próximas".

Además, este colectivo social ha levantado un acta notarial en fecha 16 de febrero de 2026, como prueba fehaciente del estado de deterioro y erosión en que se encuentra el litoral de Balerma para que sirva de justificación válida rubricada por un fedatario público, con la que advierten a los requeridos que si en el plazo de 3 meses no actúan y ponen en marcha obras para dar solución a la situación de riesgo y daños que hay en la zona de su competencia, procederán a tomar las acciones judiciales que el derecho les asista. 

Este plazo lo han tomado como referencia a la Ley 29/1998 del orden contencioso administrativo, para las situaciones de inactividad administrativa. Y a partir de ahí, anuncian que abrirán "una senda judicial tanto a nivel administrativo como penal, para exigir la igualdad de trato en la protección y uso del litoral por parte del Estado, de la misma forma que otras localidades tienen defendidas sus playas y pueden disfrutar del medio marítimo en unas condiciones ambientales y de seguridad mínimas".

“Nos entristece tener que tomar estas medidas después de 6 años de espera, pero el fracaso y pasotismo del Estado y sus representantes con la playa de Balerma no deja otra alternativa”, ha lamentado José Antonio Peña, quien ha confesado que desde el 10 de febrero tienen solicitada una reunión con el subdelegado del Gobierno sobre la que no han tenido respuesta.