Antes de final de año, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora tendrá que hacer frente de un pago que asciende a los 600.000 euros, como consecuencia de una sentencia firme que le obliga a devolver las licencias de obras en Palomares, pagadas al Ayuntamiento y el dinero correspondiente a las costas del juicIo.

El alcalde de la localidad, Antonio Fernández, explica con resignación que se trata de una situación que ya se preveía. Incide en que se trata de la “herencia” que le llega de una época de bonanza en la que todos los ingresos del Ayuntamiento se gastaban. “Sólo en el año 2006 se ingresaron en el Ayuntamiento 6,5 millones de euros en licencia de obra”, a partir de ahí llegaron los problemas al planeamiento urbanístico planteado por las anteriores corporaciones dirigidas por Jesús Caicedo, y en consecuencia un debacle económico que llevó a una intervención y, posiblemente, a la necesidad de volver a pedir un nuevo préstamo en los próximos meses, puesto que los pagos a terceros por sentencias pueden llegar incluso a superar los dos millones.

Deuda Antes de su llegada a la Alcaldía “la deuda viva ya la conocíamos”, se cifraba pago de deuda en 6.500 euros al día, con la preocupación de la existencia de sentencias que pueden llegar a los 23 millones de euros en materia de urbanismo principalmente, puesto que los promotores no quieren seguir explotando en la actual situación social. Por ello, el alcalde prevé que con un nuevo PGOU se pueden evitar múltimples contenciosos de pequeños propietarios que pueden regularizar sus casas o terrenos, pero difícilmente se evitarán nuevos pagos millonarios hacia grandes constructoras que prefieren abandonar sus proyectos. La difícil situción por la que atraviesa el municipio ha relegado la a un segundo plano la intención de someter a una auditoría externa las cuentas generales del Ayuntamiento.

ERE No peligran los puestos municipales, resalta Antonio Fernández, pese a que era una de las condiciones impuestas desde la intervención del Gobierno Central a las gestión económica municipal. No sólo no habrá despedos, sino que “se regulará la situación laboral de 29 personas que se encuentran en fraude de ley, acumulando contratos desde hace once años. Es personal de todos los escalafones, desde adminsitrativos a obras y servicios, que se mete en los presupuestos todos los años y que ahora será regularizado”.