Álvaro Ramos eleva a Antifraude el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del PSOE en Garrucha
El equipo de gobierno considera que los hechos recogidos en el informe podrían tener relevancia penal y reclama que se investiguen posibles responsabilidades por prevaricación, malversación y fraude en la contratación
Álvaro Ramos alcalde de Garrucha el día de su investidura.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, encabezado por el alcalde, Álvaro Ramos Cáceres, ha remitido a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) el informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), aprobado el 24 de septiembre de 2026. El documento recoge diversas incidencias e irregularidades detectadas en la gestión municipal durante los mandatos de la anterior alcaldesa socialista, María López Cervantes.
Con la aportación de este informe de control externo, el actual gobierno municipal solicita a la OAAF que agilice la resolución del expediente 1369/2024 y valore la remisión de las actuaciones a la Fiscalía. El equipo de gobierno considera que las conclusiones del órgano fiscalizador van más allá de meras incidencias administrativas y entiende que algunos de los hechos descritos podrían ser constitutivos de infracciones penales, cuestión que deberá determinarse por los órganos competentes.
El equipo de gobierno apunta a posibles responsabilidades penales
A partir de las conclusiones recogidas en el informe de la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento considera que existen elementos que justifican investigar posibles responsabilidades en distintos ámbitos:
- Posible prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal):
El informe de la Cámara de Cuentas señala que 44 trabajadores accedieron al Ayuntamiento "sin un previo procedimiento de selección público, regido por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (...) por lo que se desconoce cuáles fueron los criterios empleados por la Entidad para su contratación". Esta observación se extiende a la falta de documentación acreditativa relativa a los 147 trabajadores laborales temporales del ejercicio 2022.
Asimismo, la CCA advierte de incidencias en el proceso de estabilización, señalando que 20 plazas no cumplían la antigüedad legal exigida y que 24 puestos fueron modificados en sus subgrupos y niveles. El propio informe apunta que estas actuaciones «pudieran ser constitutivas de un fraude de ley».
Desde el equipo de gobierno se considera que estos hechos deben ser investigados para determinar si pudieron existir resoluciones administrativas arbitrarias y contrarias a la normativa vigente.
- Posible malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal):
La Cámara de Cuentas cifra en 4.976.207,51 euros los gastos sin consignación presupuestaria (GSCP). Entre ellos figuran más de 1,6 millones de euros correspondientes a facturas y nóminas de personal de ejercicios anteriores acumuladas en cuentas extrapresupuestarias.
El informe también recoge pagos superiores a 155.000 euros en gratificaciones y horas extraordinarias, sobre los que señala deficiencias de justificación, control horario y adecuación normativa.
Para el actual equipo de gobierno, la magnitud de estas cifras y las circunstancias descritas justifican que se analice si pudieron producirse responsabilidades contables o, en su caso, penales. La existencia de un posible delito de malversación deberá ser valorada por las autoridades judiciales competentes.
- Posible fraude en la contratación y en los procesos de acceso al empleo público:
El equipo de gobierno sostiene que las irregularidades denunciadas ante la OAAF, junto con las observaciones del informe fiscalizador, justifican investigar si determinados contratos municipales se utilizaron para favorecer situaciones particulares.
Entre los casos señalados por el actual gobierno figuran contrataciones de guías turísticos, monitores deportivos y personal de comunicación, así como sus posteriores prórrogas y la posible incorporación de estos puestos a los procesos de estabilización.
La Cámara de Cuentas advierte de un posible desvío de la finalidad de la Ley 20/2021 y señala que determinadas actuaciones pudieran constituir un fraude de ley. El equipo de gobierno considera necesario esclarecer las circunstancias de estos procedimientos y determinar si se vulneraron los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Deficiencias en la custodia y aportación de documentación:
El informe de la CCA también recoge problemas en la documentación facilitada durante los trabajos de fiscalización. En concreto, señala que determinadas relaciones de personal presentaban "falta de integridad y exactitud" y que no se aportaron los expedientes de 74 de los 147 trabajadores temporales analizados.
El actual equipo de gobierno considera que estas conclusiones refuerzan la necesidad de esclarecer las dificultades de acceso a la información municipal que, según sostiene, también fueron denunciadas anteriormente por los grupos de la oposición.
- Álvaro Ramos: "Se acabó el oscurantismo y la impunidad"
El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha valorado las conclusiones del informe y ha manifestado que, a su juicio, "durante años, el PSOE de María López gestionó el Ayuntamiento de Garrucha como si fuera su cortijo particular, utilizando el empleo municipal para consolidar voluntades y eludiendo las normas de función pública y estabilidad presupuestaria".
Ramos ha añadido que "el informe de la Cámara de Cuentas pone sobre la mesa hechos muy graves: contrataciones sin procedimientos selectivos acreditados, prórrogas de contratos, casi 5 millones de euros en gastos sin consignación presupuestaria y un proceso de estabilización con importantes deficiencias".
"No estamos hablando, desde nuestro punto de vista, de simples descuidos administrativos. Consideramos que existen hechos que deben ser investigados en profundidad para determinar si hay responsabilidades penales, contables o de cualquier otra naturaleza. Por eso hemos trasladado el informe a la Oficina Antifraude y vamos a seguir defendiendo que se llegue hasta el final", ha afirmado el alcalde.
El regidor ha concluido asegurando que "desde el actual equipo de gobierno no vamos a mirar hacia otro lado. Garrucha merece transparencia, una gestión responsable de sus recursos públicos y que, si se han cometido irregularidades, se depuren todas las responsabilidades que correspondan".