Se trata de uno de los objetivos que se ha marcado el reelegido alcalde Domingo Fernández, quien no dudará en “plantear un equipo redactor en este año que se dedique durante tres o seis meses a recopilar la información necesaria y que ello permita a las personas que tienen sus terrenos calificados como urbanizable a que vuelva a rústico como estaba, si se ve necesario”.

Un IBI excesivo  Los agricultores se ven agobiados por el IBI de unos suelos que computan como urbanizables,  en los que no pueden construir y posiblemente no lo hagan en mucho tiempo, puesto que aunque quieran, más ahora con la crisis, la urbanización de sectores se posterga. Se trata de una problemática que se acentúa en uno de los pocos municipios que sí aprobó, aunque de forma parcial, su Plan General, conforme a la Ley de Suelo de 2002, y que ahora pretende solucionarse.

Posibles salidas   Lo que en un principio supondrá una evaluación de la situación real de los propietarios será el primer paso para llevar un documento definitivo a la Comisión Provincial de Urbanismo y “explicarles lo que pasa en Huércal-Overa”.  A partir de ahí, será el momento de determinar cuál será la solución que se adopte, puesto que “a los cinco años desde su aprobación, también podemos apoyarnos en otras vías que sirva para que los propietarios pague menos IBI por el urbanizable”.

“Hay que escuchar a cada vecino, porque hay algunos que te preguntan por qué sube el impuesto en una zona de rambla y otros preguntan por qué en Normas Subsidiarias tenía urbano y ahora lo tiene el de abajo, para todos hay que poner las herramientas”. El alcalde reconoce las dificultades que hay para contentar a todos los vecinos en temas urbanísticos, aunque remarca que “hay vecinos que cuentan que con anterioridad se tomaban decisiones urbanísticas con fines electoralistas. Yo lo hago conforme a la ley, hay que tener sentido común y contentar, si se puede, a todos en sus necesidades y peticiones, sin mirar los colores políticos”.

Respecto al problema urbanístico, incide en que muchas veces las leyes son difícilmente interpretables incluso para la administración, lo que complica la labor de los Ayuntamiento de cara a los vecinos. “Tenemos el caso de proyectos de actuación en Suelo de Especial Protección y tenemos el caso de informes de la misma Consejería que se contradicen; uno de 2012 y otro de 2013”, señala.