Ya sea porque el presunto delito había prescrito tras el paso de los años, por falta de pruebas o por errores supinos a la hora de aportar fotografías al juez de turno, el caso es que la historia del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, está plagada de comparecencias ante un magistrado y, al mismo tiempo, de salidas triunfantes de los juzgados.

Lo cierto es que estas denuncias -tanto en el ámbito político como en el judicial- y sus posteriores archivos e incluso condenas de cárcel (de la que se libró al recurrir ante la Audiencia Provincial, que le absolvió) han marcado la actualidad relacionada con este pequeño pueblo del Valle del Almanzora en los últimos lustros.

Una presunta agresión y una dilación "alarmante"

La primera de las denuncias, al menos una de las más sonadas, fue interpuesta por un vecino que aseguró ser víctima de una presunta agresión del exalcalde junto a un familiar. Pese a que los hechos tuvieron lugar en 2004, la tardanza en el proceso hizo que justo una década después, en 2014, la Fiscalía retirase antes del juicio la acusación contra el exalcalde -que se enfrentaba a una posible falta de lesiones- al considerar que los hechos habían prescrito. 

En un auto, el magistrado David Prieto consideró extinguida la posible responsabilidad penal ya que la causa estuvo "paralizada" en el juzgado instructor de Purchena "durante un lapso de tiempo superior a tres años", lo que le llevó a definir la dilación incluso como "alarmante".

Presuntamente, Sánchez se personó en una vivienda y se inició una discusión durante la cual habría agredido al denunciante “con la intención de menoscabar su integridad física” llegando a agarrar al vecino del "cuello", según reflejó entonces el escrito de la Fiscalía, esa autoridad judicial que tantos titulares acapara estos días. La acusación solicitó dos años de cárcel. Un tiempo en prisión que sí le llegó en forma de condena a Sánchez, aunque por un caso bien diferente.

Líos urbanísticos y juicios aplazados

Entonces fue la Audiencia Provincial de Almería la que libró al pronto exregidor de Fines de la condena a 21 meses de cárcel. Una pena que se dictó en el mismo año 2014 tras unas obras realizadas en una finca de propiedad familiar, presuntamente "sin autorización" y desobedeciendo una "orden expresa de paralización”. De igual modo, fue juzgado junto a un familiar por, en un principio, construir "sin licencia" en la citada finca un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable.

En aquel entonces el juez Manuel José Rey Bellot estimó probado que eran "conocedores" de que lo ejecutado no era autorizable y  que mostraron una conducta "rebelde al incumplir de forma palmaria la prohibición impuesta" para realizar esas obras.

Pese a la condena, no busquen en el historial de Rodrigo Sánchez una entrada a prisión. El motivo es, quizás, el más enrevesado de todos los 'salvavidas' que ha recibido Rodrigo Sánchez en sus periplos judiciales. Apenas un año después, la Audiencia Provincial de Almería dejó sin efecto la pena de 21 meses de prisión al revocarla tras considerar que la prueba por la que se le condenó por un delito contra la ordenación del territorio no permitía "calibrar de qué tipo de construcción se trata, con qué características y para qué utilidades”.

Es decir, el motivo esgrimido fue que no se presentaron pruebas en forma de fotografías o imágenes con el detalle necesario como para ver qué construcción se llevó a cabo. El tribunal afeó que la entonces inspectora de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía no incluyera en su informe "algo tan básico como una constatación directa” de la edificación.

En lugar de ello, el tribunal reprochó que el informe se basara en “fotografías áreas” tomadas posiblemente con un famoso programa que permite explorar la tierra a vista de pájaro y subrayó que esas fotos no hacían "factible descender a la averiguación de los detalles que son de preciso conocimiento para fiscalizar si nos hallamos o no ante la conducta tipificada”. Algo que sí hizo, acorde a lo que solicitaba la justicia, la defensa del exalcalde. 

La Audiencia optó por el informe pericial aportado por la defensa, cuyo autor declaró en juicio que se trataba de “una obra de 50 metros cuadrados, de planta baja, destinada a uso agrícola”. al tiempo se subrayó que este perito fue "el único que ha examinado personalmente el inmueble y la finca sobre el terreno”, al contrario que las fotos tomadas desde el ordenador. Y ahí sigue la finca.

En el otro delito por el que se le condenó en este mismo caso, el de una presunta desobediencia, el tribunal expuso que "no se apreciaron "los elementos objetivos precisos para la comisión” del delito en lo referido al regidor.

Una polémica ampliación del Ayuntamiento

Pero la cosa no acabó ni empezó con la decisión de la Audiencia Provincial. Un par años antes, en 2012, Sánchez también se tuvo que defender en los juzgados después de que el Ayuntamiento de Fines que él presidía comprase un inmueble a una empresa familiar que lo había adquirido poco antes. En la querella se afirmaba que el Ayuntamiento presuntamente compró en agosto de 2008 por "72.000 euros" el edificio que la mercantil de un familiar adquirió siete meses antes por "24.000 euros".

 También en este caso la justicia defendió que las pruebas eran insuficientes. El juez Luis Rodríguez Casero, del Juzgado de Instrucción Único de Purchena, concluyó que no aparecía "debidamente justificada la perpetración del delito". Del mismo modo, el papel de la Fiscalía volvió a ser clave, ya que no apreció que Sánchez actuase ilícitamente al alegar que la compra de la vivienda formó parte de una operación junto a otros dos edificios próximos al Ayuntamiento y que fue "aprobada por el pleno con informes favorables tanto técnicos como jurídicos".

El mismo Juzgado de Instrucción Único de Purchena fue el encargado de archivar en 2015 otro caso de presunta prevaricación urbanística. El origen del delito denunciado fue la aprobación en Pleno de la construcción de una plaza con negocios cercanos en un solar clasificado como zona verde. Según el mismo magistrado y juzgado de Purchena, no podía afirmarse que ninguno de los ocho concejales del Pleno que votaron a favor tuvieran "conocimiento de la ilegalidad del acuerdo" para urbanizar esta zona verde en un pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes. Este proceso se abrió tras una denuncia de la propia fiscalía

Así, Rodrigo Sánchez ha ido celebrando sentencia tras sentencia (con la excepción de la finalmente revocada) y archivo tras archivo al menos hasta hoy, cuando el caso 'Mascarillas' le ha vuelto a poner en el foco judicial, lo que le ha llevado a dimitir como alcalde tras más de dos décadas de gestión municipal.

Un juicio pendiente desde 2023

En el horizonte, más allá de los mencionados casos, el regidor tiene pendiente otro juicio junto a un exconcejal de Urbanismo en el que se enfrentan a tres años de prisión solicitados por la Fiscalía por un presunto delito continuado de prevaricación en cuanto ordenación del territorio (urbanismo). Tanto el regidor como el edil habrían autorizado "verbalmente" en 2014 unas obras en un cortijo presuntamente "con pleno conocimiento de la ilegalidad" de estas. 

Las obras se encontraban en marcha cuando agentes del Seprona denunciaron la actuación antes de transmitirle los hechos a Sánchez en una conversación que figura entre las pruebas. Según los agentes, se "había solicitado formalmente licencia" para el "adecentamiento de vallado" pero presuntamente se realizaron "casi de forma completa unas obras que excedían ampliamente de su solicitud sin que hubiese resuelto su petición el Ayuntamiento".

El juicio estaba previsto para el mes de marzo de 2023 pero fue suspendido debido a la huelga de letrados que se llevó a cabo en ese entonces. Se fechó para 2024 pero volvió a suspenderse. Uno de los dos agentes denunciantes fue destinado poco después a otra ubicación a cientos de kilómetros de esta zona, en otra comunidad autónoma.

Ahora, las cosas parecen algo más difíciles para el histórico exalcalde aunque por delante queda todo un proceso judicial complejo, de esos que Sánchez conoce bien, por lo que sus escasas palabras cuando fue liberado tras la detención por la UCO días atrás pueden tener la credibilidad que merecen, siendo más que un simple tópico. El todavía regidor aseguró "estar bien" y, mientras abandonaba la sede judicial, tan sólo añadió un escueto: "Hombre, no voy a estar triste...".