A comienzos del año 2006 una banda internacional procedente del este de Europa se asentó en España con el propósito de desvalijar las cuentas bancarias de cientos de ciudadanos a través de un sofisticado sistema de robo de datos personales y fabricación de tarjetas de crédito. La red mantenía contactos con grupos mafiosos en Italia y Rumanía y propagó su sistema de fraude en la mitad oriental de Andalucía, Murcia y la Comunidad de Madrid.

Siete años después, el caso se ha juzgado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un proceso no exento de problemas por la huida de varios de los 11 imputados. La última sentencia del caso, dictada recientemente por un tribunal presidido por el magistrado Fernando Grande Marlaska, condena a una de las implicadas a dos años de cárcel por un fraude a Servired de unos 24.000 euros.

La banda se “dedicada a la fabricación de tarjetas de crédito espurias para su utilización en comercios adquiriendo productos con los que obtener posteriormente en beneficio económico”.

Documentación falsa Según la Audiencia Nacional, el grupo disponía de una estructura caracterizada por una organización funcional donde cada miembro tenía una misión específica. Además, los participantes llegados de Rumanía se turnaban y la organización “garantizaba el reemplazo inmediato de unos miembros por otros para evitar la paralización de la actuación”.

La organización a través de su jefatura se abastecía de números  de tarjetas de crédito y de los datos contenidos en las bandas magnéticas de las mismas correspondientes a entidades financieras que operaban fuera de España. Los datos y numeraciones se entregaban a los encargados de materializar las tarjetas de crédito espurias utilizando los programas informáticos y las máquinas que la organización disponía sobre soportes originales, plásticos serigrafiados o plastificados.

En coordinación, se confeccionaban documentos de identidad coincidiendo los nombres con los de las tarjetas para que los ‘pasadores’, es decir, los encargados de utilizar las tarjetas pudiesen identificarse sin problemas”, señala la Audiencia Nacional.

Lenguaje propio

En los registros domiciliarios realizados se encontraron materiales para la fabricación. Una de las entradas se produjo en una vivienda de la barriada de Almerimar (El Ejido) donde residía uno de los capos. Allí se descubrieron 43 tarjetas de crédito en blanco, un lector de tarjetas y una bolsa con otro lector de tarjetas, una carcasa que simula ranuras de cajero automático, con un cable y una salida USU, “apta para la clonación de los datos a través de su instalación en un cajero”.

Además de estos registros, la investigación encontró indicios suficientes de delito en las escuchas telefónicas. La Audiencia Nacional relata un curioso argot usado entre los delincuentes. “Blat” era un establecimiento donde pueden obtener dinero en metálico o bienes pasando tarjetas en connivencia, generalmente el beneficio al 50 por ciento y  “cerrar” era el bloqueo realizado por la entidad bancaria al detectar un uso fraudulento de los códigos.  Llamaban “exiba” a los documentos, “gotalo” al aparato lector o grabador de bandas magnéticas, “hoja” a 100 euros, “juguetes” a armas de fuego, “miradoras” a las cámaras de vigilancia, “naspet” a la documentación falsa, “plásticos” a las tarjetas y “polo” a los 1.000 euros.