El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha escrito y enviado a este periódico una carta abierta para comunicar la postura oficial del gobierno municipal que preside en torno al conflicto actual de la gestión de la piscina cubierta, cuyo futuro está en el alero y cuyos gastos de gestión no pueden ser asumidos por el municipio. 
Bajo el título “La verdad de la piscina cubierta”, Fernández comienza por hacer un preámbulo: “Ante los comentarios, versiones e informaciones interesadas que circulan sobre las circunstancias que rodean al asunto de la Piscina Cubierta”. Escribe esta carta para que los huercalenses “se puedan formar una opinión sobre la base de información veraz, extraída del expediente administrativo que consta en el Ayuntamiento”.

Contrato inicial A continuación, el alcalde de Huércal-Overa expone los detalles del contrato firmado en   junio de 2006  con la empresa concesionaria Técnicas Reunidas, S.A., “ésta se comprometía a construir una piscina cubierta cuyo coste se estimaba en 7.374.454 € y a gestionarla durante 50 años; a cambio la empresa recibía los terrenos necesarios y 2.292.846€ a fondo perdido por parte del Ayuntamiento y de la Junta, por lo que, en realidad, venía a costarles 5.081.608€, que amortizarían mediante la explotación”.

Explotación A continuación, la carta expone algunos términos de las condiciones de la explotación. “El servicio se le adjudica a la oferta presentada por Técnicas Reunidas, S.A, según consta en el expediente, por ser la más favorable al Ayuntamiento al comprometerse a entregar el 75% de los beneficios al Ayuntamiento y, en caso de perdida, el Ayuntamiento no tener que aportar nada”.

Hoy día A continuación, el alcalde cambia el tono de su relato de los hechos y acusa a la empresa concesionaria de pretender endosar al erario público municipal las supuestas pérdidas que alega pero que no ha mostrado.  “A pesar de contemplar la posibilidad de tener que asumir perdidas por contrato la empresa pretende hoy que las supuestas perdidas (digo supuestas porque se ha requerido documentación por el Interventor y ésta no se ha entregado todavía) se asuman de alguna manera por el Ayuntamiento y/o los usuarios”.

Intenciones  A continuación, el alcalde se dirige a sus vecinos: “Como podéis entender mal servicio prestaría al pueblo el equipo de Gobierno que dirijo si se sometiese sin más a las pretensiones de la empresa en perjuicio del interés general del municipio...”
Anuncia que  “que se van a adoptar las medidas y resoluciones necesarias para que la empresa continúe prestando servicio tal y como se comprometió por contrato” para que el coste sea el menor posible  y se pueda reanudar el servicio con la mayor celeridad. Amenaza a la empresa con “la perdida de la fianza, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados y la consecuencia de poder contratar durante los próximos cinco años con ninguna Administración Pública”.
Finalmente, el alcalde recuerda que quiere mantener el servicio  pero concluye que “no tenemos que olvidar que esto tiene unos costes que en estos momentos son imposibles de sufragar por este Ayuntamiento”.