En agosto se dio la voz de alarma. Más de setenta personas, la mayoría de origen magrebí, esperaban la orden de desalojo de las chabolas en las que malvivían en una finca de El Ejido. La situación corrió por los medios de comunicación de media España y en septiembre las administraciones anunciaron una ‘cumbre’ para abordar el problema.

La cita tuvo lugar el 2 de octubre y a ella acudieron los representantes de la Delegación del Gobierno andaluz, la Subdelegación del Gobierno central, los ayuntamientos de El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera y Níjar, las organizaciones agrarias Asaja y Coag y la Plataforma por los Derechos y Justicia Social de Almería, todos ellos citados por la delegada del Gobierno andaluz, Sonia Ferrer.

Atajar el problema
En esa reunión se decidió que para atajar el problema creciente del chabolismo lo primero es conocer con la mayor aproximación posible el número de asentamientos de este tipo que existen en la provincia.

Sin embargo, y a pesar de que las órdenes de desalojo y derribo han seguido llegando y, en algunos casos ejecutándose, nadie sabe nada de los objetivos que se fijaron en aquella reunión.

Este periódico ha contactado con prácticamente todos los protagonistas y, en todos los casos, todos, la respuesta ha sido la misma: “no hay nada nuevo”.

Desde la Subdelegación del Gobierno se recuerda que la iniciativa fue de la delegada Sonia Ferrer y que, tras aquella ‘cumbre’, no han vuelto a tener noticias. Igual respuesta han dado del ayuntamiento de El Ejido y del de Níjar. Y, también igual, desde la Delegación del Gobierno de Andalucía.

El concejal de Igualdad y Bienestar Social de Níjar, Javier Herrero, explica que en aquella reunión se quedó en formar un grupo compuesto por personal técnico, que hiciera el censo de asentamientos chabolistas. “Nos otros manifestamos que queríamos que un técnico del Ayuntamiento de Níjar formara parte del grupo. Pero hasta la fecha, no hemos tenido noticias de nada”.

En Níjar, según el concejal, el problema es distinto porque no hay grandes asentamientos como en otros municipios del Poniente. “En Níjar hay cerca de un centenar de inmigrantes que viven en cortijos abandonados y diseminados por el municipio que se van ocupando y desocupando según llegan o se van”. Níjar no ha tenido que ejecutar ninguna orden de desalojo, señala Herrero, quien recuerda que “desde la mesa de la inmigración en la que participan la Cruz Roja y otras ONG, les proporcionamos alimento, ropa y lo que necesiten”.

Pero el concejal de Níjar hace referencia a una cuestión que hasta ahora no se había conocido y es que, según señala, desde el Gobierno central se habían destinado 100 millones de euros para toda Andalucía para ayudar a los realojos. “La idea era que, una vez hecho el censo, se pusieran en marcha los mecanismos necesarios para darle movimiento a los cien millones”, dice Javier Herrero.

La cuestión ahora es ¿estarán todavía disponibles esas ayudas?