Al filo de las diez de la mañana, con el día encapotado, llegó el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a la Ciudad de la Justicia para testificar ante la jueza Alejandra Dodero, por el caso de los 300.000 euros presuntamente robados de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente.
Acompañado de la letrada de la Junta y su jefe de prensa, José Manuel Ortiz Bono salió por la misma puerta que entró una hora y media después, para aclarar que se ha ratificado en la denuncia por malversación de caudales público y  que cree que la resolución judicial será rápida, “puesto que los hechos son muy claros”.
Apuntó a que “como delegado y como ciudadano espero que se resuelva lo antes posible pensando en la transparencia que los órganos debemos mantener y como he demostrado poniendo estas irregularidades presuntamente delictivas. en manos de la justicia en cuanto que he tenido conocimiento”.
El delegado, que comparecía ante la titular del juzgado número uno en calidad de perjudicado, quiso atribuir el mérito también de esta rápida actuación en los funcionarios, “a cuyo buen hacer se debe que estos hechos hayan salido a la luz, quiero poner en valor esto porque me duele que pueda afectar a su imagen”.
Ortiz Bono aseguró desconocer el número de imputados en el caso y precisó que “yo hoy me he ratificado en el contenido de la denuncia que no he ampliado”.
El delegado añadió que “desde mi departamento no he trasladado al juzgado ninguna otra cuenta, solo conozco la que he denunciado, ahora la labor es de la jueza”.
Las irregularidades en la cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente se detectaron de durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura, Pesca y Medioambiente, explicó el delegado.
En el caso ha sido imputado el exdelegado de Medio Ambiente, Clemente García Valera, el funcionario, entonces jefe de personal, Javier Torres, que tendrán que comparecer a lo largo de este mes de mayo.
En la denuncia se explica que durante el mandato de Clemente García se produjeron reintegros de dinero por un valor de 180.000 euros a través de cheques al portador, mientras que bajo su sucesora, Sonia Rodríguez, esta cifra alcanzando los 100.000 euros. Rodríguez ha solicitado a la juez personarse en la causa como parte perjudicada. El funcionario, Miguel Gallardo, declaró que retiró el dinero por mandato del entonces delegado García Valera.