La ‘tijera’ de los recortes de la Junta de Andalucía ha llegado también a la flota de coches oficiales para altos cargos. A partir de ahora, los delegados provinciales de la Administración autonómica tendrán que pedir ‘permiso’ para poder desplazarse en sus visitas oficiales.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un conjunto de medidas dentro de su plan de ajuste para el periodo 2012-2014. Así, la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la Administración autonómica se limitará a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados.

El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros.

Según la información aportada ayer tras el Consejo por la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, será el delegado-a del Gobierno quien autorice a partir de ahora el uso de los vehículos oficiales.

En la actualidad, hay a disposición de los altos cargos de la Junta en Almería un total de 13 vehículos oficiales: uno por cada delegación y uno adscrito a la Audiencia Provincial de Almería. Así, hay asignados vehículos para las delegaciones del Gobierno, Hacienda, Economía, Turismo, Educación, Cultura, Obras Públicas, Medio Ambiente, Salud, Igualdad, Empleo y Agricultura y Pesca.

A partir de la próxima semana, esos 12 coches oficiales se hubieran quedado en 6 fijos nada más, pues está previsto que el 31 de julio se apruebe la reducción de delegaciones provinciales. Ayer, como se adelantó, no hubo nombramientos.

Por otra parte, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta. Así, fuentes de la Administración explicaron a LA VOZ que hay una flota de vehículos a disposición de personal de la Administración de Justicia, desde jueces y magistrados hasta fiscales.

Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración. El objetivo es rebajar en un 25% la cuantía total destinada a estas operaciones.