La mayoría de las escuelas infantiles de Almería ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y parte de la patronal en la reunión celebrada el pasado 7 de mayo en Sevilla, por el que se incrementará el precio de la plaza un 4% a partir de septiembre. 

Esta subida se traducirá en algo menos de 10 euros más por plaza, una cantidad muy alejada del aumento de entre el 30% y el 50% que venían reclamando asociaciones y colectivos que representan a los centros, que denuncian que el precio permanece prácticamente congelado desde 2020 en 240 euros por alumno.

El acuerdo provocó además la desconvocatoria de la huelga prevista para el próximo lunes, 11 de mayo, por parte del sindicato FSIE, que también participó en la reunión en Sevilla, apenas seis días antes de las elecciones autonómicas. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, el pacto ha abierto una profunda brecha dentro del sector.

La única organización presente en la negociación que mostró su rechazo frontal al acuerdo fue la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, cuyo representante decidió abandonar la mesa al considerar que la subida “no sirve para nada”. Según sus propios datos, esta entidad representa entre el 25% y el 30% de las guarderías andaluzas y almerienses.

En la provincia, más de la mitad de las cerca de 150 escuelas infantiles privadas adheridas al Programa de Ayudas para el Fomento de la Escolarización discrepan radicalmente sobre el acuerdo alcanzado. Entre ellas se encuentran más de 40 centros asociados a TICEI, entidad que agrupa a unas 500 guarderías en Andalucía y que, sin embargo, no está representada en la mesa sectorial.

Su presidenta, Josefina de la Torre, asegura que el malestar es generalizado. “Todo el sector del 0 a 3 está indignado y decepcionado. Después de seis años con el precio congelado y tras presentar estudios con la necesidad real de actualizarlo, nos encontramos con una subida de 9,62 euros. Hay rabia, tristeza y una decepción absoluta”, afirma.

De la Torre lamenta además que su organización ni siquiera estuviera presente en la negociación pese a agrupar, asegura, “a casi un tercio de los centros”. “Hemos intentado entrar varias veces, pero siempre nos han rechazado la documentación. Esperamos que a partir de ahora podamos formar parte de esa mesa, porque representamos a casi 500 centros y estamos totalmente en contra de este acuerdo, claramente insuficiente”, sostiene.

Recuerda también que el sector solo ha experimentado una subida significativa en más de dos décadas. “Hasta 2020 llevábamos 15 años sin ninguna actualización. Entonces se subió un 15%, pero desde entonces no se ha vuelto a tocar. Mientras tanto, los costes se han disparado: salarios, seguros sociales, suministros, mantenimiento o alimentación”, explica.

La asociación encargó un estudio económico para calcular cuál debería ser el precio real de la plaza. “Ahora está en 240 euros y nosotros reclamamos 359. Puede parecer mucho, pero hablamos de recuperar pérdidas acumuladas durante seis años. Si se reparte, apenas son unos 20 euros al año”, argumenta.

Desde los centros insisten en que la situación es ya insostenible. Una propietaria de una guardería de la capital asegura sentirse “totalmente indignada y engañada” tras conocer el acuerdo. “El incremento resulta claramente insuficiente para responder a la realidad económica. Llevamos años soportando subidas continuas en proveedores, suministros, mantenimiento, seguros o costes laborales. Con esta financiación es imposible mantener la calidad educativa y la viabilidad de los centros”, denuncia.

Advierte además de que muchas escuelas sobreviven “al límite” y teme que la situación empeore en los próximos meses. “Nos hablan de gratuidad, pero la natalidad ha bajado muchísimo y seguimos teniendo muchas plazas vacías. No entendemos que sigan autorizando nuevos centros cuando muchos apenas pueden mantenerse abiertos”, señala.

En términos similares se expresa otra propietaria de una escuela infantil en La Cañada, quien considera que “los que han firmado saben perfectamente que este acuerdo lleva al cierre de muchos centros”. “La sociedad tiene que entender que no nos quejamos por gusto. Estamos agotadas, pensando cómo terminar este curso y afrontar el siguiente. Las cuentas no salen y sobrevivimos al límite”, afirma.

Ella cree que el anuncio responde más a una estrategia política que a una solución real. “Ahora podrán decir en campaña electoral que han subido el precio de la plaza, pero la realidad es que seguimos en la misma miseria”, lamenta.

Las asociaciones críticas celebrarán asambleas en los próximos días para decidir posibles acciones y trasladar de nuevo a la Junta su rechazo. El principal temor es que, sin una actualización mucho más ambiciosa, se produzcan cierres de centros y recortes de plantilla.

“Nos preocupa muchísimo septiembre”, advierte Josefina de la Torre. “Si no hay una subida real, muchas trabajadoras sufrirán reducciones de jornada, despidos o incluso el cierre de escuelas. Y eso es precisamente lo que queríamos evitar”.