El Ayuntamiento que preside Mar Vázquez pagó 1,1 millones de euros al Estado por el solar de la Plaza Juan Cassinello donde estuvo durante varias décadas la sede de Correos y Telégrafos: pagó ese dinero, el consistorio capitalino, por algo que era moralmente suyo. Como si el dueño de un cine tuviera que pagar entrada, como si el propietario de un bar tuviera que abonar en la caja la caña de cerveza que se avienta. En 1894, el Ayuntamiento de la época, presidido a la sazón por Juan Lirola, cedió a la Iglesia ese espacio público municipal para el Colegio de Jesús de Navarro Darax cuyo proyecto realizó Trinidad Cuartara. Por allí pasó también el diario La Independencia y la Diputación Provincial y Correos hasta que en 1967 se derribó esa joya arquitectónica para relevarlo por un mastodonte brutalista que fue, a su vez, abatido en 2024 para que el Ayuntamiento recuperara algo que era suyo y que cedió gratuitamente primero al Colegio y después al operador postal para ese servicio concreto, no para que después hiciera caja a costa de quien le había regalado el terreno.

Lo mismo le está ocurriendo a la Casa Consistorial con el antiguo cuartel de Casa Fuerte, junto al Toyo, tristemente conocido por los hechos del Caso Almería. Se trata de un edificio del siglo XVIII que pasó a ser usado por la Guardia Civil y que sigue siendo de titularidad estatal, aunque esté viniéndose abajo, sin que el Gobierno Central quiera cederlo al municipio para un uso turístico o cultural. El Estado es como el perro del hortelano: ni lo usa ni lo devuelve. Hay innumerables ejemplos más: la propia Estación de Ferrocarril (ahora del ADIF) que no la pagó el Estado a finales del XIX sino la sociedad concesionaria de la línea que impulsó el banquero Ivo Bosch; los terrenos de las vías, las antiguas instalaciones ferroviarias, los espacios liberados por el Soterramiento, que fueron un día de los almerienses, que los cedieron para ese uso y que, tras el uso, el Estado saca tajada vendiendo el suelo en almoneda: un negocio redondo a costa del municipio al que no revierte el bien que cedió; los suelos militares del Ministerio de Defensa: cuarteles, polvorines, zonas logísticas, los municipios los cedieron a coste cero y el Ministerio los saca a subasta generando plusvalías plenas, sin que el Ayuntamiento pueda aprovecharlos para hacer vivienda asequible por ejemplo, o parques u otros equipamientos. Desde hace una década, el Estado tiene a la venta más de una veintena de solares, pisos y oficinas en la provincia por valor de más de 5 millones de euros. El propio Cuartel de la Misericordia, y locales anexos, se construyeron sobre un suelo de balde hace muchos años y el Estado quiso hacer caja cuando la UAL pretendió hacer allí una sede urbana. En alguna ocasión, desde el Consistorio se ha pedido a Defensa la parcela donde está la Comandancia de Marina, prácticamente sin funciones, y que fue también regalada por el Ayuntamiento. Las casetas de peones camineros son otro ejemplo palmario, aunque en algunos casos el Ministerio sí ha autorizado la reversión, como en el caso de Laujar de Andarax, para un edificio social. Un ejemplo postrero es el del faro de Garrucha: el municipio cedió el suelo al Estado hace más de un siglo para ese uso de dar señal lumínica y ahora que el uso se ha extinguido, el Gobierno, a través de Puertos del Estado, lo pone en venta a un precio de 2,6 millones: un auténtico chollo de plusvalías plenas.

El asunto es que la ley urbanística está, casi siempre, de parte del Estado: el municipio está obligado a ceder terrenos para dotaciones públicas mediante un convenio en el que se transmite la propiedad plena, aunque con la convicción de que el servicio será vitalicio y sin incluir una cláusula de reversión que sí le haría tener oportunidad de recuperar el terreno mediante desafección y posterior devolución, algo que, en la práctica, no ocurre. El pez grande siempre se come al chico.