Desde que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara  el 3 de diciembre como el Día Internacional de las personas con discapacidad, venimos conmemorando año tras año un día muy señalado en nuestro calendario ya que se calcula que unos mil millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, en España nos aproximamos a los 4  millones de personas.

Sobre el papel, la misión de la inclusión social de las personas con discapacidad, parece que esta clara por parte de la sociedad en general. En los distintos manifiestos, jornadas, conferencias, actividades de todo tipo tanto los representantes de los poderes públicos, los agentes sociales, las organizaciones de personas con discapacidad, coincidirán en la necesidad de diseñar políticas para la inclusión de las personas con discapacidad.  

Pero, ¿qué pasa el día de después? ¿a dónde van a parar todas esas muestras de comprensión y de adhesión a la causa?, ¿por qué cuesta tanto construir una realidad social donde la inclusión sea real y efectiva?, ¿quién o quienes no están cumpliendo con su cometido? Si lo que pedimos es justo, reconocido por la Constitución, ¿por qué nos cuesta tanto avanzar?, cuando ya parece que vamos por el buen camino, volvemos a retroceder. Un ejemplo de ello es la Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que ha pasado de ser el cuarto pilar de bienestar social a un bolardo mal colocado.

Son muchas las interrogantes, muchas las preguntas que todos y todas nos tenemos que hacer. Las sociedades avanzadas lo son en la medida de que transforman la discapacidad en capacidad; capacidad para poder tener acceso al mercado laboral, acceso a productos y servicios, capacidad para elegir, capacidad para vivir una vida digna. Si queremos ser un paradigma de inclusión tenemos que diseñar estrategias desde el respeto a las aspiraciones e intereses individuales de las personas con discapacidad, atendiendo a la diversidad como seña de identidad.