El Ministerio de Economía prepara una nueva regulación de los servicios profesionales (o desregulación, porque ya están regulados), que pretende extender a otras profesiones las competencias de los arquitectos, asestando otro golpe a nuestra actividad. Cada profesión cuenta con un programa formativo que capacita para ejercer una función social específica, a la que se asocian unas competencias exclusivas para ejercerla.

A lo largo de mis cuarenta años de arquitecto he tenido ocasión de asistir a juicios sobre cuestiones técnicas en los que los letrados intervinientes han sostenido disparates enormes, o errores y contradicciones manifiestas, pero solo ellos están facultados para actuar en los tribunales. Desde mi asiento en la sala, he tenido que reprimir mi asombro y controlar mi inquietud sin poder aclararlos.

Para enseñar en un centro educativo no valen nuestros conocimientos sobre matemáticas, física, dibujo o arte, sino que hace falta una licenciatura concreta o un título de magisterio, complementados con cursos de orientación pedagógica. Y cuando estoy enfermo, de nada me vale saber que un antibiótico me cura, sino que necesito que un médico me lo recete. Ni mi palabra sirve oficialmente para nada sin estar refrendada por un notario o fedatario público. Y así sucesivamente en todos los casos, que aceptamos por su lógica social.

Cuando decidí dedicar mi vida al ejercicio de la Arquitectura me enseñaron que ser arquitecto es algo más que ejercer una profesión: debe consistir en apostar por una visión del mundo fundamentada en la búsqueda de la verdad científica y técnica, de la armonía y la belleza plástica, y del servicio a la sociedad, y que solo se puede vivir apasionadamente esta triple dimensión profesional considerándola como lo que es: una vocación exigente y profunda, que afecta a todas las facetas de la vida.

Por la riqueza de su formación, los arquitectos han disfrutado de un prestigio singular en todas las culturas y a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos años estamos sufriendo una pérdida creciente de prestigio, en primer lugar por el igualitarismo de nuestra sociedad, considerado desde la Revolución Francesa como exigencia de la justicia social, y que lleva a rechazar e incluso perseguir todo lo que suene a distinción o privilegio. En su nombre se nos ve  como una especie de élite anacrónica, unos tipos raros preocupados por cosas que cada vez importan a menos gente.

El segundo factor que actúa en nuestra contra es la obsesión por hacer cosas con una urgencia que impide pensarlas adecuadamente. Es el triunfo del homo faber sobre el homo sapiens. Los arquitectos estamos formados para buscar las mejores soluciones desde la duda, la crítica y una incertidumbre intelectual que puede parecer falta de capacidad resolutiva, y una lamentable pérdida de tiempo y de energía.

El tercer factor es de nuestra exclusiva responsabilidad y se debe a que hemos descuidado nuestros deberes con la sociedad y abandonado nuestros genuinos valores profesionales. Ensimismados, mirándonos el ombligo, hemos perdido el espíritu colectivo, viéndonos unos a otros como rivales, y no como colegas o compañeros. Ebrios de burbujas insostenibles, hemos aceptado que nuestra intervención en el proceso inmobiliario (cuyo coste no supone ni un uno por ciento del total) haya ido siendo minusvalorada y sometida a mercadeos bochornosos. Nos creíamos blindados por la abundancia reinante, hasta que el estallido de la burbuja nos ha dejado con las vergüenzas al aire.

La intención del Ministerio de extender nuestras competencias a otras profesiones técnicas no es una novedad. En uno de los países en los que la facultad para redactar proyectos la comparten sus arquitectos (que solo reciben formación artística) y sus ingenieros (que solo la tienen técnica) me explicaron que allí, cuando un arquitecto solo redacta un proyecto, el edificio proyectado se cae, pero que cuando lo hace un ingeniero solo, hay que tirarlo. Y que el entendimiento de unos y otros suele ser ocasional y difícil, si no imposible.

Varias directivas de la UE han reconocido que la formación de los arquitectos españoles es la más completa y adecuada para el ejercicio de la profesión. A pesar de ello, el Plan Bolonia está intentando empobrecerla en nombre de la conjunción con países que lo han hecho peor que nosotros, y la ley Ómnibus y otras disposiciones que dicen promover la libre competencia, pretenden aumentar la oferta a toda costa.

Tanto este igualitarismo, que persigue más cantidad a cambio de menos calidad, como la fiebre ejecutora sin reflexión previa, son factores de empobrecimiento que no deberíamos tolerar. La sociedad no puede prescindir ni restringir el papel en ella de los arquitectos, cuya colaboración es imprescindible para que la excelencia y el rigor intelectual vuelvan al lugar que les corresponde en el orden social, sirviendo al progreso y al bienestar de todos.