A la espera del decreto de sequía para aprovechar la rebaja del agua desalada

El PP insta a la Junta a tomar una decisión sobre ese decreto

La diputada socialista almeriense Sonia Ferrer
La diputada socialista almeriense Sonia Ferrer
Antonio Fernández
01:00 • 17 feb. 2018

La aprobación en el Congreso de los Diputados de establecer un precio único para el agua desalada de 30 céntimos fue ayer tema de debate político, y también entre las organizaciones agrarias. Esa rebaja subvencionada sólo se podrá aplicar en las zonas con declaración formal de sequía, y en Almería por ahora esa declaración no está vigente.




La primera en hablar fue la diputada socialista Sonia Ferrer que recordaba que esa propuesta ha salido adelante gracias a la propuesta llevada al Senado por los representantes del PSOE. El mayor logro, según Ferrer, es que los agricultores de Almería puedan acogerse a esa medida que, por otra parte ya disfrutaban los regantes murcianos desde hace un par de años. La diputada aprovechaba para atacar al PP y al Gobierno de Rajoy por no haber incluido previamente la medida en la futura Ley de la Sequía: “hemos logrado incluir a Almería en el mapa del que el PP quería sacarla”, afirmó ayer.




La respuesta
Poco después era el diputado Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, el que respondía a la socialista afirmando que un buen número de regantes almerienses del norte y levante de la provincia , que riegan en torno a 15.000 hectáreas, ya reciben ese agua subvencionada al estar adscritos a la Cuenca del Segura.




Explicó que lo que se ha hecho desde el Congreso de los Diputados es dar la posibilidad de recibir esas subvenciones al agua desalada a otras cuencas, pero al mismo tiempo ha recordado que la normativa comunitaria requiere condiciones, entre ellas la declaración de sequía por parte de la cuenca en la que se asientan los cultivos.




Vuelve así la mirada a la Junta de Andalucía, que aún no ha sacado adelante su decreto de sequía, como lo hizo en su día la Comunidad de Murcia. Afirma que “ahora es la Junta la que tiene que tomar decisiones; estamos ante una situación excepcional de sequía y esto implica también restricciones en el uso del agua, algo que la Junta tiene que valorar en momentos como el actual”, sentenció.




Mientras tanto desde la Junta se ha venido informando de la tramitación de ese decreto de sequía, del que incluso se dijo que estaría listo en los primeros meses de este año, sin que por el momento se conozca una fecha aproximada para su publicación.




Conflicto de intereses
Las dudas de la Junta se sustentan en las opiniones contradictorias que le llegan desde las propias organizaciones agrarias. Estas han recibido con satisfacción la posibilidad de obtener una rebaja sustancial del agua desalada, pero sin embargo algunas de ellas no ven con buenos ojos el decreto de sequía porque puede llevar aparejadas restricciones de uso que no les convienen.




Es decir, aceptarían el agua más barata, pero no tanto que no se permita seguir ampliando el regadío mientras persista la sequía. Esa posición ambigua y de difícil explicación puede, de hecho, estar frenando la aprobación del decreto por parte de la Consejería de Agricultura.



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