Un cambio de licencia aprobado por la Comisión de Gobierno del ayuntamiento de Vera en noviembre de 2004 es el motivo por el que el exalcalde Félix López (PA) está citado en el Juzgado número 2 de Vera hoy como imputado por un presunto delito de prevaricación.

Los hechos, en los que también aparece imputado por un presunto delito de falsedad en documento público el secretario municipal, Pedro López, y el representante de la mercantil Costa Rey S. L. que desarrollaba el proyecto, José Antonio Ibáñez, por presunta estafa, se remontan al año 2002, momento en el que la citada empresa presenta el proyecto para la construcción de un complejo turístico de hotel de apartamentos de cuatro estrellas en la zona de Puerto Rey.

De hotel a apartamentos

La idea inicial, para la que se concedió licencia municipal, cambió con el tiempo y un año después, en 2003, la empresa solicita una modificación de la denominación del proyecto para pasar de hotel de apartamentos o apartahotel a apartamentos turísticos. En la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vera celebrada el 4 de noviembre de 2004 se dio luz verde a este cambio a la denominación del proyecto y, según ha podido saber LA VOZ, la decisión se argumentó porque esa modificación “no implica cambio del uso asignado a las parcelas porque se mantiene el uso hotelero del suelo y el carácter de establecimiento turístico del complejo”.

En base a estos argumentos, la Junta de Gobierno acordó “ratificar decreto de alcaldía de 4 de noviembre de 2004, el cual se aprueba concesión de licencia urbanística a favor de la mercantil Costa Rey S.L. para proyecto de 549 apartamentos turísticos Costa Rey y proyecto de ejecución en la fase 1 de 72 apartamentos turísticos Costa Rey”.

El problema viene a partir de ese momento, ya que la Juntas de Andalucía ha de dar luz verde a la inscripción del proyecto en el registro de la Consejería de Turismo, algo que no llegó a ocurrir. De hecho, la Administración andaluza solicitó un informe urbanístico en base al cual denegó la autorización, al parecer, por no cumplir con los requisitos de edificabilidad que se exigen a un proyecto de estas características, que ya sería residencial terciario.

Ahora, ante el Juzgado se va a ver la primera demanda de las que, presumiblemente, van a llegar, ya que las personas que compraron uno de esos apartamentos no han podido inscribirlos bajo ninguna calificación, ni como turísticos ni como libres.