Más de 11.000 propietarios de viviendas turísticas de la provincia de Almería, según los datos del Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, podrían quedar afectados por la subida del IVA hasta el 21% en este segmento de negocio. La medida estaría incluida en el Real Decreto-ley en materia de vivienda que el Gobierno prevé someter a la aprobación del Congreso, aunque ha sido aplazada, en principio, hasta finales de este mes de septiembre.

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) manifiesta su rechazo y considera que esta modificación fiscal no contribuirá a resolver el problema de acceso a la vivienda y provocará un importante encarecimiento del alojamiento turístico.

AVVAPro comparte la necesidad de promover políticas públicas eficaces que favorezcan el acceso a la vivienda y permitan afrontar la actual crisis habitacional. Sin embargo, advierte de que la legitimidad de este objetivo no convierte automáticamente en adecuada o proporcionada cualquier medida adoptada en su nombre.

A juicio de la asociación, la aplicación de un IVA del 21 % no tendrá un efecto significativo sobre la oferta de viviendas de uso turístico ni permitirá incorporar un número relevante de inmuebles al mercado residencial. Por el contrario, el incremento fiscal terminará trasladándose al precio final y será soportado principalmente por las familias que eligen esta modalidad de alojamiento por su capacidad, flexibilidad y menor coste frente a otras alternativas.

La asociación considera especialmente grave que el tipo del 21 % se extienda también a los apartamentos turísticos, una modalidad jurídicamente distinta de las viviendas de uso turístico y que, por su configuración y por la naturaleza de los servicios que presta, resulta directamente comparable a los establecimientos hoteleros.

Aplicar a los apartamentos turísticos un IVA del 21 %, mientras los hoteles continúan tributando al 10 %, supondría someter a tratamientos fiscales diferentes a operadores que prestan servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado.

A juicio de AVVAPro, esta diferencia incrementa significativamente el riesgo de vulneración del principio de neutralidad fiscal. La asociación no reclama una exención, sino un tratamiento coherente con la naturaleza económica de la actividad.