La huelga indefinida de los autobuses urbanos de Almería ha comenzado este martes 20 de octubre con una reducción del servicio al 50 % y las primeras dificultades para los usuarios. Cerca de 190 trabajadores de Surbús están llamados a secundar unos paros con los que reclaman mejoras en sus condiciones laborales y salariales. La primera jornada ha arrancado con una concentración en los alrededores de La Salle y algunos retrasos en la salida de los vehículos. Mientras tanto, las diferencias entre la plantilla y la empresa mantienen abierto un conflicto que, por el momento, no tiene fecha de finalización.

En este contexto, Valeriano Díaz, director de Alsa en la Zona Mediterránea, ha intervenido este martes en el programa 'Hoy por Hoy Almería', de la Cadena SER, para explicar la postura de la compañía ante las reivindicaciones de los trabajadores. Durante la entrevista, el responsable ha advertido de que las exigencias económicas de la plantilla supondrían un incremento de más de cinco millones de euros, una cantidad que considera "inasumible". También ha reconocido que las negociaciones podrían prolongarse debido a las diferencias que separan a ambas partes, pese a la propuesta de una subida salarial provisional del 3,5 % planteada por la empresa.

Aunque ha insistido en que Alsa mantiene su disposición al diálogo, Díaz se ha mostrado crítico con la decisión de los trabajadores de iniciar una huelga indefinida mientras continúan las negociaciones. "Lo que no estoy acostumbrado es que, ofreciendo diálogo, te hagan una huelga", ha afirmado. El responsable de la compañía considera que ambas partes deben seguir buscando un acuerdo sin la presión constante de los paros. "Yo no quiero tener la pistola encima de la mesa de la constante amenaza de huelga", ha señalado, al tiempo que ha pedido responsabilidad para evitar que el conflicto siga perjudicando a los usuarios del transporte público de Almería.

Más de cinco millones de euros separan

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre Alsa y los trabajadores de Surbús es el coste económico de las reivindicaciones laborales. Según ha explicado Díaz, de los aproximadamente 191 empleados que integran la plantilla, menos de una treintena mantienen unas condiciones laborales heredadas de la antigua Empresa Municipal de Transportes (EMT), que se remontan a hace tres décadas. El conflicto surge, según la versión de la compañía, porque el resto de los trabajadores reclama equiparar sus condiciones a las de estos empleados más antiguos. Una medida que, de acuerdo con los cálculos de Alsa, supondría un incremento de 4,6 millones de euros, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.

A esta cantidad habría que añadir otras reivindicaciones relacionadas con los tiempos de trabajo y la organización del servicio. Para atenderlas, según Díaz, sería necesario incorporar más conductores y vehículos, con un coste adicional de entre 800.000 y 900.000 euros anuales. En conjunto, las exigencias superarían los cinco millones de euros, frente a una masa salarial actual de más de ocho millones. "Es inasumible para la ciudad y para el usuario, que al final somos todos los que lo pagamos", ha advertido el director, quien también ha recordado las inversiones pendientes para modernizar la flota, renovar las instalaciones y afrontar las exigencias europeas de descarbonización.

Ante este escenario, Díaz ha defendido la necesidad de acercar posturas antes de asumir compromisos económicos que considera desproporcionados. "No podemos consentir unas subidas tan atroces, o por lo menos hay que sentarse a acercar posturas", ha afirmado. El responsable de Alsa también ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, podría tener aceptar todas las exigencias de la plantilla: "Como comprende, cualquier empresa se puede ir al garete".

Una subida salarial del 3,5 %

Pese a las diferencias económicas, la dirección de Alsa asegura que mantiene su disposición a negociar con los trabajadores. Durante la reunión celebrada este lunes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), la compañía propuso una subida salarial provisional del 3,5 %, a cuenta del futuro convenio colectivo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. De esta manera, los empleados podrían cobrar los atrasos correspondientes mientras continúan las conversaciones. "Como estamos muy distantes, me hace sospechar que va a ser una negociación razonablemente larga", ha reconocido Díaz, quien considera que alcanzar un acuerdo exigirá tiempo y esfuerzo por ambas partes.

A esta situación se suma un procedimiento judicial todavía pendiente de resolución. Según ha explicado el director, los trabajadores llevaron parte de sus reivindicaciones a los tribunales y, después de que una primera sentencia no les diera la razón, presentaron un recurso cuya resolución podría conocerse en abril. Pese a ello, Díaz ha asegurado que la empresa no ha exigido retirar la demanda para continuar las negociaciones. "Yo, incluso con la denuncia puesta, a espera de la sentencia, me quiero sentar a negociar", ha afirmado, defendiendo que la oferta salarial pretende evitar que los empleados tengan que esperar hasta la resolución del conflicto para percibir una mejora económica.

Sin embargo, la propuesta no ha conseguido frenar la convocatoria de huelga, una decisión que el responsable de Alsa ha cuestionado durante la entrevista. Díaz ha insistido en que el incremento ofrecido es provisional y responde también al encarecimiento de la cesta de la compra y otros gastos cotidianos. En cualquier caso, ha reiterado su voluntad de seguir negociando, aunque reconoce que las posiciones continúan muy alejadas: "Hay mucha distancia todavía, mucha".