Rafael Lorca, vigilante de seguridad del Hospital de Poniente, sigue sin conocer la sentencia dos meses después de la celebración de un juicio rápido por la agresión que sufrió mientras trabajaba el pasado 2 de septiembre a manos de un usuario del centro.

El juicio sí se celebró con la celeridad prevista en la ley, el 8 de septiembre, aunque a día de hoy aún no ha recibido la notificación de la sentencia. Ante esta tardanza, el vigilante ha acudido a los juzgados de El Ejido para pedir explicaciones. El caso ha sido enjuiciado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, plaza número 4. Según relata, un funcionario le ha explicado que la sentencia sí ha sido dictada, pero que aún está pendiente de ser notificada a las partes “porque no hay suficiente personal y el existente tiene mucha carga de trabajo”, explica.

Según el artículo 802 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el juez debe dictar sentencia dentro de los tres días siguientes a la celebración de la vista oral, y a continuación se marca un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Lorca se muestra indignado por el retraso, al entender que lo que le está sucediendo supone una flagrante contradicción con el espíritu del juicio rápido, concebido precisamente para evitar situaciones como esta.

Para acelerar la respuesta judicial

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, que introdujo la reforma parcial de la Lecrim, incorporó el procedimiento del juicio rápido con el objetivo fundamental de evitar que las causas penales se prolongasen más de lo necesario, acelerar la respuesta ante la delincuencia, reducir la sensación de impunidad que generan los retrasos judiciales y prevenir la indefensión de los ciudadanos.  

Además, la exposición de motivos de la ley recoge textualmente que la aceleración de la justicia que se pretende con esta reforma debía alcanzar también “la emisión de la sentencia y la tramitación de los eventuales recursos”.

Lo sucedido parece evidenciar que, al menos en este caso, ninguno de estos objetivos se ha cumplido. Sin embargo, Lorca, quien también habla en nombre de la Sección de Seguridad Privada de UGT Almería, sindicato del que es delegado en el comité de empresa de Eulen, la compañía que presta el servicio de seguridad en Poniente, explica que lo sucedido no es un hecho aislado. Algo que certifica la responsable provincial de Justicia de UGT, Toñi de Rueda, quien informa de que precisamente estos días el sindicato ha reclamado a la Administración actuaciones urgentes por la falta de personal.

Inmaculada Molina, coordinadora del sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO Andalucía, también asegura que este retraso de dos meses en la notificación de una sentencia no solo no es excepcional, sino que, a su juicio, incluso estaría por debajo de los tiempos medios de espera.

Según Molina, “el retraso es generalizado, no solo en los juicios rápidos, que no hacen honor a su nombre, salvo en algunos casos, de forma que las sentencias o su ejecución se eternizan en algunos servicios. En El Ejido como en el resto de la provincia se denuncian año tras año las tasas de pendencia y resolución sin que se tomen medidas al respecto”.

Según se desprende de estas críticas, Rafael Lorca podría verse obligado a aguardar aún más tiempo la notificación de la sentencia, que espera sea condenatoria para su agresor. Como informó este diario, los hechos juzgados se produjeron el día 2 de septiembre, cuando un individuo, que había participado en una pelea anterior contra otras dos personas en la calle, le partió el labio de un puñetazo y le causó lesiones en un tobillo cuando intentaba separarlo de sus rivales, con los que había coincidido también en el hospital para ser atendido.

 Tras la agresión, las partes fueron citadas al juicio rápido, en el que el presunto agresor, un hombre magrebí de unos 40 años, negó los hechos de los que se le acusaba. La agresión fue presenciada por otro vigilante de seguridad, que prestó declaración en la vista oral como testigo.