La investigación de la UCO sobre el denominado caso Mascarillas acabó destapando una nueva causa judicial en Almería. Los agentes detectaron un viaje a Madrid realizado en junio de 2025 por el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, cuyo coste fue supuestamente, asumido con fondos públicos bajo la cobertura de una supuesta actividad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Las dudas sobre la verdadera naturaleza de aquel desplazamiento llevaron al juez a abrir una investigación independiente por presunta malversación y prevaricación.

Este viaje, habría contado con la presencia de la que fuera jefa de gabinete del presidente García Molina. Sin embargo, el seguimiento de los investigadores no situó a los viajeros que partieron de Almería en reuniones oficiales. ni en la sede de la organización, sino en establecimientos hoteleros, desplazamientos por la capital y una cena en un restaurante.

Es precisamente en este punto donde emerge un protagonista inesperado. Frente a las conclusiones de la UCO sobre la ausencia de actividad institucional, un testigo que aporta información. Un directivo de la FEMP sostiene que el viaje respondía a una reunión de trabajo prevista en la sede de la organización. Aunque asegura que el encuentro finalmente no llegó a celebrarse debido a una incidencia médica, su testimonio respalda la existencia de una convocatoria previa que habría servido de base para organizar el desplazamiento.

La persona que avala ese encuentro marcado en la agenda, al que Javier Aureliano García habría acudido en su condición de presidente de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, no es una desconocida para los tribunales de Madrid. F.D.L. en una de las piezas del caso Lezo, la macrocausa instruida por la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión y expansión internacional del Canal de Isabel II. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional lo incluyó en el auto de procesamiento formal por un presunto delito de malversación de caudales público agravado. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para él seis años de prisión. La causa quedó  archivada.

De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por LA VOZ, el directivo habría prestado declaración sobre la causa abierta por los presuntos viajes de lujo. La versión trasladada al juzgado por el representante de la FEMP introduce un matiz relevante en una investigación marcada hasta ahora por las conclusiones de la UCO.

En un escrito remitido al órgano instructor, el directivo sostiene que el desplazamiento a Madrid tenía una razón institucional concreta: la celebración de una reunión de trabajo prevista en la sede de la federación. De acuerdo con su relato, el encuentro se había planteado para abordar los preparativos de unas jornadas de carácter nacional relacionadas con la actividad de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Por motivos médicos

En aquel momento, Javier Aureliano García presidía dicho órgano dentro de la FEMP, mientras que el propio compareciente desempeñaba funciones de coordinación y secretaría. No obstante, el responsable de la federación asegura que la "reunión nunca llegó a materializarse".

Según explica, una incidencia médica de carácter sobrevenido le impidió incorporarse a su puesto de trabajo el día previsto, circunstancia que habría comunicado al juzgado mediante documentación sanitaria emitida por los servicios públicos de salud de Madrid.

El escrito también trata de esclarecer por qué no existen correos electrónicos, mensajes o convocatorias que permitan reconstruir los preparativos de aquel encuentro. El compareciente afirma que no conserva comunicaciones antiguas con la entonces jefa de Gabinete de la Presidencia de la Diputación debido a un protocolo personal de depuración periódica de contactos y conversaciones vinculado a los cambios de responsables políticos y administrativos con los que mantiene relación profesional.