Siete meses han transcurrido desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieran en el Palacio de la Diputación de Almería y procedieran a la detención de siete personas, entre ellas el entonces presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, dando inicio al conocido caso Mascarillas.

La investigación, iniciada en 2021 por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, fue ampliándose posteriormente hasta apuntar a una supuesta trama político-empresarial vinculada al cobro de ‘mordidas’. En el transcurso de las pesquisas, la causa ha ido creciendo hasta elevar el número de investigados a 43 personas.

Tras mas una media docena de meses han comenzado la toma de declaraciones ante el juez Manuel Rey Bellot y en las dos primeras sesiones parte de los comparecientes optó por acogerse a su derecho a no declarar a la espera de conocer el contenido del nuevo atestado de la UCO y las diligencias relativas al análisis del volcado de mensajes de dispositivos móviles y otros equipos electrónicos.

Material hallado

En un auto judicial fechado el 4 de junio de 2026, al que ha tenido acceso LA VOZ, el juez Manuel Rey Bellot ha autorizado a la UCO el desprecinto y la apertura de los efectos documentales intervenidos durante la entrada y registro practicados en la sede de una empresa radicada en Fines. Tras esta resolución, los investigadores podrán acceder al contenido de 41 bolsas de evidencias que incluyen documentación diversa, anotaciones manuscritas, folios con transcripciones de conversaciones de mensajería y registros de ingresos declarados, incluidos pagos en efectivo, entre otros materiales.

En su fundamentación jurídica, el juez Manuel Rey Bellot considera acreditado que concurren los requisitos legales necesarios para autorizar el desprecinto y posterior análisis de la documentación, al entender que se trata de una medida plenamente justificada dentro de una investigación de notable complejidad. El magistrado recuerda que el acceso a estos efectos ya había sido avalado en resoluciones anteriores, en las que se autorizaron las entradas y registros, por lo que esta actuación supone un paso más en el examen del material incautado, sin que ello implique una nueva injerencia en derechos fundamentales.

El juez aprecia sospechas fundadas'

El auto pone de relieve la existencia de "sospechas fundadas sobre la posible comisión de varios delitos graves, entre ellos cohecho, fraude en la contratación pública, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Estas sospechas, según el magistrado, se sustentan en los informes policiales y en las diligencias practicadas hasta la fecha, que apuntan a la existencia de un entramado en torno a la adjudicación de contratos públicos desde la Diputación de Almería.

De forma más concreta, el juez recoge la hipótesis de que determinadas adjudicaciones, como la relativa al suministro de material sanitario durante la pandemia, habrían generado el pago de comisiones económicas relevantes, canalizadas presuntamente a través de intermediarios y vinculadas a distintos investigados.

A partir de este escenario, el magistrado concluye que el análisis del contenido de la documentación intervenida resulta clave para avanzar en la instrucción, al poder aportar elementos probatorios sobre movimientos económicos, comunicaciones entre los implicados y posibles mecanismos de reparto de fondos. En consecuencia, entiende que la medida solicitada por la UCO no solo es pertinente, sino necesaria, al no existir otras vías menos invasivas que permitan obtener la misma información con garantías. Por todo ello, el juez acuerda autorizar el desprecinto y estudio de las bolsas de evidencias, al considerar que esta diligencia contribuirá de forma decisiva a esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y asegurar las resultas de la causa.

Almería

Todos estos elementos documentales se encuentran organizados en siete bloques, en función del lugar de origen en el que fueron localizadas las evidencias . A partir de este punto, el informe desciende al detalle del contenido de cada una de las bolsas, vinculando los efectos intervenidos con las personas a las que hacen referencia las anotaciones halladas.

En el caso del exvicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, la documentación localizada durante la entrada y registro de su domicilio incluye dos recortes de papel con anotaciones manuscritas.

El segundo bloque se vincula al despacho del propio exmandatario en la institución provincial, donde los agentes intervinieron material relacionado con ingresos declarados y cobrados en efectivo, documentación vinculada al denominado expediente de las mascarillas y contenido de conversaciones de mensajería instantánea.

El tercer y cuarto bloque de bolsas que la UCO ha sido autorizada a desprecintar se corresponde con las entradas y registros practicados en el domicilio y el despacho de Fernando Giménez Giménez, exvicepresidente de la Diputación. En su interior se ha localizado diversa documentación, entre la que figuran anotaciones manuscritas, facturas, una agenda, un libro de facturación de viajes y dos conjuntos documentales integrados en una carpeta identificada como ‘institución’.

26 bolsas en Fines

El sexto bloque corresponde a la entrada y registro practicados en la oficina mercantil de Fines, vinculada al exalcalde del municipio, Rodrigo Sánchez., también investigado en la causa. Se trata del tramo con mayor volumen de material intervenido, con un total de 26 bolsas de evidencias, según recoge el auto firmado por el juez Rey Bellot.

En este bloque figuran, entre otros elementos, tres sobres con la anotación ‘10.000’; un conjunto documental de 59 folios descrito como ‘temas Francisco’; y otro conjunto identificada como 'documentación sellada puesto de trabajo' a nombre de cuatro personas, entre las que figuran Óscar Líria y el propio Rodrigo Sánchez.

Asimismo, se han intervenido tres bolsas de evidencias con facturación de una mercantil de servicios urbanos con el Ayuntamiento de Fines, además de otra con documentación relativa a la facturación de la empresa en la que se practicaron las entradas y registros. Por último, restan cuatro bolsas de evidencias intervenidas en la vivienda del técnico de la Diputación Clemente Jesús González, en las que consta una agenda y una libreta de anillas, ambas con anotaciones manuscritas, además de tres conjuntos documentales.